Cristina Cifuentes ya no está al frente de la Comunidad de Madrid. Ahora lo hace Ángel Garrido. Pero los problemas denunciados se repiten. O al menos a la hora de adjudicar la gestión de los centros de víctimas de violencia machista. Las voces de las trabajadoras no han servido para que el Gobierno madrileño cambie su forma de hacerlo.
Justo hace un año, a inicios de 2018, el comité de empresa de Intress, empresa que gestiona múltiples centros de ayuda en la región, denunció cómo Cifuentes “subastaba” la gestión de este servicio. En aquel momento, la Comunidad de Madrid daba siete de diez puntos en los concursos públicos a la compañía que realizase la oferta económica más baja.
“Al final el adjudicatario va a ser el que proponga el mayor recorte y no el que plantee el mejor proyecto técnico, por lo que necesariamente afectará a la calidad del servicio”, advertían las trabajadoras. Y un año después, ya sin Cifuentes pero con manifestaciones y protestas por el camino, Garrido repite el mismo patrón.
La Consejería de Políticas Sociales y Familia ha adjudicado recientemente (no sin una larga polémica) el contrato para gestionar el centro de acogida temporal número 3. Y los pliegos de condiciones son claros: se vuelve a priorizar el criterio precio en un 70%.
De esta manera, el 70% del concurso se lo lleva aquella empresa que ofrezca hacer el servicio por menor precio (sin incurrir en baja temeraria); el 20% la que mejor proyecto técnico tenga; y el 10% restante para quien presente mejoras.
La Comunidad de Madrid justificó este porcentaje a las propias trabajadoras del comité de empresa de Intress. La Consejería explicó que volvía a primar el criterio precio porque así lo marcaba el expediente inicial que quedó desierto. Es decir, a la hora de relanzar el contrato, se mantenía el 70%.
En declaraciones a eldiario.es cuando las profesionales de los centros se lanzaron a la calle, se alertaba de una “precariedad laboral” que impedía llegar a ser mileuristas. “Pero luchamos también por que las víctimas, a las que se ha animado a denunciar para salir de la violencia, estén atendidas con recursos, con intervención educativa…”, completaban.
el 25.01.2018 a las 17.00h nos manifestamos en la Puerta del Sol, para denunciar la PRECARIEDAD DE LA RED DE VIOLENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID #CifuentesPrecariedadEsViolencia #CifuentesSubastaRedMujer @comiteintress @cgtintressmad @fcoboelena @ItzaKika1979 @KukuVictor pic.twitter.com/bFUgxwM4oB
— Comite Intress en Lucha (@comiteintress) 21 de enero de 2018
Situación que, según reconocían, con los pliegos de hace un año (70% el criterio precio como en la actualidad) “no es posible”. Aun así, la Consejería de Políticas Sociales echó balones fueras cuando las trabajadoras iniciaron las movilizaciones, tal y como recogió El Salto: habitualmente la oferta económica tenía un peso del 80% y ahora es del 70%.
El giro de la Comunidad de Madrid
En concreto, en este último contrato, el de la gestión del centro de acogida temporal número 3, ninguna empresa llegó a los 20 puntos máximos dado por el proyecto técnico. Se quedaron cerca, eso sí. Provivienda recogió 19 puntos; Asociación Centro Trama e Intress 18; Fepas nueve; y la Fundación Diagrama cinco.
Gran parte de esta puntuación llega al comprometerse al desarrollo del programa de intervención con las mujeres, de sus hijos e hijas y en su caso, personas dependientes de la mujer, desde su acceso al recurso hasta su salida. Algo que pasa por las “fases de la intervención, tipos de intervención y periodicidad”.
En cuanto a la oferta económica, la Asociación Centro Trama contó con los 70 puntos, muy por encima de la Fundación Diagrama (44), Intress (22,22), Fepas (19,40) y Provivienda (3,27). En este sentido, la empresa ganadora (aunque luego renunció tras denunciar maniobras de Intress para forzarle a esta retirada) se comprometió a dar el servicio durante dos años por 1.000.378 euros.
En total, la Comunidad de Madrid puso como presupuesto base de licitación los 1.174.404 euros.
