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Justicia: ¿Politización o banderías?

Consejo General Poder Judicial
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Consejo General Poder Judicial

El autor, Gaspar Llamazares, analiza la polémica que se ha desatado en torno a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

miércoles 21 de noviembre de 2018, 16:37h

Se ha abierto la renovación, y con ello la caja de Pandora del debate sobre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órgano de gobierno de los jueces, que no órgano jurisdiccional. Este carácter político y de gobierno explica su carácter amplio, mixto y pluralista en la Constitución para dar cabida a la diversidad social, al igual que en buena parte de nuestro entorno democrático.

La última reforma presidencialista de Gallardón intentó recortar el pluralismo del CGPJ, mediante un ejecutivo o permanente, para concentrar las decisiones mayoritarias y los órganos de la justicia en manos conservadoras, reduciendo con ello al mínimo el diálogo, el consenso y el pacto previstos en la Constitución, sustituidos por la mera consulta. En vez de politización tendríamos que hablar de proceso de monopolización.

Al debate abierto sobre el perfil de los candidatos se ha añadido el lío del pacto previo sobre la presidencia, los propuestos por parte de las asociaciones judiciales, el alineamiento político, la elección por parte de las Cortes Generales, la renuncia de Marchena a presidir el CGPJ y la voladura del acuerdo político. Un debate además condicionado por recientes procesos y sentencias polémicas que han puesto a la Justicia en primer plano de una crisis de credibilidad que hasta ahora afectaba al poder Legislativo y al Ejecutivo. En concreto, por la sentencia sobre las hipotecas, con freno y marcha atrás, y otras, no menos importantes, como la de los abusos en el caso de “la Manada”. En cuanto a los procesos, baste recordar el más sonado de los políticos del Procés.

Sin embargo, el debate se ha resumido para buena parte de la opinión pública en lo que se ha dado en llamar ‘politización’ de la Justicia, entendida ésta como la elección por el Congreso de doce de los miembros a elegir de entre los jueces, ya que los otros ocho juristas de prestigio están expresamente atribuidos a la elección de las dos Cámaras.

La Constitución, sin embargo, tiene el siguiente tenor literal: "122.3 El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años. De éstos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión”.

Aunque el planteamiento de elección sólo judicial sea tan parcial como reducir los aforamientos exclusivamente a los parlamentarios, cuando éstos son una absoluta minoría de los aforados y los únicos con respaldo constitucional. El resto, la mayoría de los más de 230.000, se han venido sumando posteriormente en los Estatutos autonómicos y las leyes judiciales y de seguridad.

Daría pues la impresión que una vez salvada la politización partidista de la elección del CGPJ y sus consiguientes incentivos perversos sobre la promoción de los jueces, no solo sería el principio del fin de la politización, sino que automáticamente resplandecerá el mérito y la capacidad en la promoción y elección entre los presidentes y los tribunales superiores de la justicia, y con ello se recuperaría la credibilidad hoy mermada. Sin embargo, ninguna solución simple ha acabado con un problema complejo, ni siquiera al estilo contundente de cortar el nudo gordiano.

Porque, suponiendo que los doce juristas fuesen elegidos por los propios jueces, sin la participación del parlamento, nada garantiza su despolitización total (si ello fuese posible y conveniente, que no lo creo), ya que convivirían forzosamente con los ocho elegidos por las Cortes, y lo más probable es que se alinearan en la mayor parte de las decisiones, no por su elección de origen, sino por afinidad política o programática.

Si hablamos de la politización en un sentido amplio, más allá incluso de los partidismos, como un marco de ideas organizado, en este caso en torno al modelo de gobierno de la Justicia, al papel de la Justicia como servicio público y su lugar como poder del Estado, la politización entonces continuaría por otros medios.

Pero, si a ello le sumásemos la reciente experiencia democrática con la genuina representación de los jueces a través de sus asociaciones judiciales, concluiríamos que éstas han terminado siendo algo más que unas meras organizaciones profesionales que velan por las condiciones y la ética del ejercicio, sobre todo a partir del momento en que la ley les ha atribuido un papel fundamental en la capacidad de propuesta de jueces a elegir por los parlamentarios.

Parece que, salvadas las distancias, la política que hemos denominado marco de ideas organizado tendría su expresión también en una suerte de organizaciones o partidos políticos de orientación conservadora o progresista en el interior mismo de la Justicia.

La politización de la Justicia no desaparecería, y no solo porque la institución es obra humana y por tanto política, sino porque sus miembros, los jueces, no son ángeles sin ideas políticas y tampoco sin organizaciones. Otra cosa bien distinta es que haya mucho que cambiar para evitar el partidismo chato de bandería en la elección del CGPJ, pero también superando las banderías en la vida interna del consejo.

Porque es cierto, uno de sus problemas principales es la degradación de la política y judicial en bandería. Algo así como la elección de los míos, la alianza con los míos, la promoción de los míos y la actuación con los míos.

En este sentido, la reacción hipócrita al WhatsApp de Cosidó pretende que ignoremos el secreto a voces del intento de control conservador de la presidencia y la sala segunda del Tribunal Supremo. Otra cosa es que la jactancia se corresponda con la realidad.

Para corregirlo, en primer lugar, sería necesaria la recuperación del diálogo y el acuerdo, lo mejor de la política, pero también poner en marcha procedimientos objetivos de promoción y nombramiento que primen el mérito y la capacidad al tiempo que procedimientos de dación de cuentas y exigencia de responsabilidad.

Debería regularse también el deber de comparecer ante el Congreso, a petición de dos grupos parlamentarios, tanto el Presidente como los Vocales del CGPJ para explicar su actuación en su función de gobierno, con la posibilidad de ser sometido a una votación revocatoria por una mayoría parlamentaria muy cualificada. No hay poder sin responsabilidad.

Otra reforma para acercar el Consejo a la sociedad podría ser otorgar la posibilidad de propuesta de los 12 jueces y los 8 juristas además de a otras organizaciones del servicio público de la justicia, a otras organizaciones de la justicia y a las organizaciones sociales, es decir, que la propuesta elevada al Parlamento la hagan las asociaciones, como hoy lo hacen las propias asociaciones de jueces. Una vez efectuada la propuesta, decide el Parlamento.

Podrían unificarse así mismo las carreras Judicial y Fiscal, quedando encuadrados los funcionarios de la Fiscalía en el CGPJ, y en consecuencia sometidos a las mismas condiciones (ingreso y cese, disciplinario, promoción), excepto en la designación de cargos de dirección que corresponden al Fiscal General del Estado oído el Consejo Fiscal.

Pero no nos engañemos, como la regeneración de la política, la regeneración de la justicia requiere de reformas profundas y consensuadas también en las oposiciones de acceso, en la formación, en la instrucción, en la organización de la Oficina Judicial, la inspección, etc.

Porque en los últimos casos más polémicos poco ha habido de política, entendida ésta como injerencia de los políticos, y mucho menos como sensibilidad, conciliación de intereses enfrentados o responsabilidad social.

Es evidente que no ha habido respuestas populistas ni salomónicas a las demandas de la opinión pública o publicada. Si así hubiera sido, el impuesto hipotecario lo hubieran pagado los bancos y, en el caso de “la Manada”, la sentencia se hubiera visto agravada a violación. Muy al contrario, ha prevalecido, como es lógico en un poder independiente, la dinámica interna de la justicia, la ley y sus interpretaciones, su política interna y una cierta distancia, por no decir superioridad, frente a la opinión pública y la sensibilidad social. Pero, sobre todo, una concepción de la Justicia más como un poder superior y depositario de la razón de Estado que como servicio público, particularmente presente en el caso actual de la instrucción a los políticos del Procés.

Pero ese será otro de los problemas, y no de los menores.

Gaspar Llamazares. Promotor de Actúa.

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