El Supremo obliga a devolver a los consumidores 18 millones de euros pagados por Castor

Proyecto Castor

El Supremo obliga a devolver a los consumidores 18 millones de euros pagados por Castor

Un fallo del alto tribunal ordena devolver los pagos por el mantenimiento del almacén que abonaron los consumidores vía recibo del gas en 2015.

Proyecto Castor

El Tribunal Supremo obliga al Gobierno a devolver a los consumidores de gas los 18 millones de euros que pagaron a través de su recibo en 2015 al operador Enagás por el mantenimiento y operatividad del almacén Castor.

En una sentencia, el alto tribunal estima un recurso presentado por la patronal catalana Cecot, que consideraba inconstitucionales algunos de los preceptos del real decreto que fijaba la compensación por el cierre de la instalación fallida. La asociación también tiene impugnados los pagos por los años 2016, 2017 y 2018, para los que espera una sentencia similar, por lo que calcula que la cantidad devuelta a los consumidores podría alcanzar los 200 millones.

La decisión del Supremo llega casi un año después de que el Tribunal Constitucional anulara la indemnización de 1.350 millones de euros a las empresas promotoras del proyecto, al considerarla inconstitucional. Más tarde la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que regula los peajes y cánones del sistema gasista ordenó paralizar los pagos a la banca de la deuda adquirida por la indemnización de Castor.

Según explica Cecot en un comunicado, el Gobierno dispone de dos meses para reintegrar los 10 18 millones y la patronal tiene previsto articular un mecanismo de devolución del importe.

Para la asociación, el almacén “constituye una inversión fallida, en la que prevaleció la construcción de la infraestructura por encima de su viabilidad”, por lo que no está de acuerdo “en que los usuarios del gas tengan que asumir el coste cuando ni siquiera se ha llegado a poner en marcha”, afirma su presidente, Antoni Abad. La patronal emprendió sus acciones con el objetivo de evitar que los consumidores de gas, especialmente las empresas del sector industrial, tuvieran que asumir el coste de la compensación. “La industria supone más del 60% del consumo del gas en todo el estado español y el incremento de costes en los procesos productivos afectará directamente a su competitividad sin obtener a cambio ninguna mejora en el servicio de suministro de gas”, ha asegurado Abad en un comunicado.

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