Los Juzgados de Madrid especializados en cláusulas abusivas de las hipotecas parecen no dar abasto para resolver las demandas, ya que según reconoce el Consejo General del Poder Judicial “la comunidad madrileña es la que tuvo la tasa de resolución más baja de todo el territorio nacional en el tercer trimestre del año: un 26,7%”.
Esa tasa –que es el cociente entre el número de asuntos resueltos y el de asuntos ingresados en un periodo determinado- pone en relación el volumen de entrada con la capacidad resolutiva del órgano judicial y en caso de Madrid está muy por debajo de la tasa de resolución media a nivel nacional que de julio a septiembre fue del 43%.
Además, y según la estadística del CGPJ en lo que va en año se presentaron en Madrid 31.925 demandas referidas a cláusulas suelo, vencimiento anticipado, intereses moratorios, gastos de formalización de hipoteca o hipotecas multidivisa que son las que se deciden en estos juzgados especializados y se resolvieron sólo 6.418, unas “cifras oficiales” que según denuncia el CSIF revelan el tapón que sufre juzgado 101 bis de Madrid “por una mala planificación” que el sindicato dice haber denuncido reiteradamente desde la creación de este órgano judicial, el 1 de junio de 2017”, cuando entró en funcionamiento.
La organización recalca que si en lo que va de año han entrado 31.925 asuntos y se han resuelto 6.418, significa que durante 2018 este juzgado “ha resuelto una quinta parte de los asuntos, lo que implica que, de seguir este ritmo, necesitarían 5,4 años para resolver el resto de asuntos recibidos durante este ejercicio”.
CSIF dice que las estadísticas pueden empeorar si se tiene en cuenta que “hay miles de demandas presentadas en la Oficina de Registro y Reparto Civil y que aún no ha recibido el Juzgado101 bis” e informa que a mayo de este año se estimaba que la podría haber unas 45.000 reclamaciones a la espera de que fueran repartidas a este juzgado”. Revelando que “a fecha de hoy, el juzgado de cláusulas suelo tramita sólo las demandas presentadas hasta el 12 de diciembre de 2017”.
Falta de personal
Para CSIF es evidente que la puesta en marcha del 101 bis se hizo de “manera precipitada y sin tener en cuenta la avalancha de procedimientos que iba a tener que asumir este órgano”. Ello ha provocado -a juicio del sindicado- una falta de medios humanosl a pesar de que “se haya intentado mejorar la dotación de personal sobre la marcha, con parches y siempre por detrás de las necesidades reales de este juzgado”.
Y es que actualmente, este juzgado cuenta con una plantilla de 36 funcionarios de la Administración de Justicia, entre gestores, tramitadores y auxilio judicial (competencia de la Comunidad de Madrid), letrados de la Administración de Justicia proporcionados por el Ministerio de Justicia y 10 jueces nombrados por parte del Consejo General del Poder Judicial, una cifra que consideran insuficiente a pesar de que el día de su puesta en funcionamiento, en junio de 2017, el juzgado 101 bis contaba con 10 funcionarios, dos letrados de la Administración de Justicia y un juez en prácticas.
CSIF valora la dedicación y profesionalidad de los empleados públicos de este juzgado, «que están haciendo todo lo posible por aliviar la carga de trabajo que sufren», pero alerta de que “si no se adoptan medidas urgentes se tardaría un mínimo de 6 años en resolver las demandas ya registradas.
Para CSIF, la carga de trabajo es inasumible por la plantilla actual, por lo que ya el pasado mes de junio remitió un escrito a la Consejería de Justicia de la Comunidad de Madrid instándole a a adoptar medidas adecuadas y urgentes, un llamamiento que el sindicato vuelve a hacer alertando que “el incremento de la presión y estrés puede poner en serio peligro la salud laboral de los trabajadores de este juzgado”. E informa que “de hecho, ya se han producido las primeras renuncias de funcionarios que no han podido soportar una situación laboral tan extrema”.
En relación a la sede donde se ubica este juzgado, el sindicato considera que no reúne las condiciones idóneas para albergar un órgano judicial. “No solo las instalaciones no son las adecuadas y no cuentan con el espacio suficiente, lo que está provocando un sinfín de problemas, sino que el mobiliario tampoco es el apropiado para sus dimensiones, dado que las mesas de trabajo son muy reducidas y apenas tienen sitio para colocar el ordenador. Tampoco cuentan con estanterías suficientes para el archivo de los procedimientos judiciales”, denuncian los representantes sindicales.
