Las dudas del Tribunal Supremo en torno a las hipotecas son una mala noticia para la imagen de España en el mundo y la credibilidad que requiere el ejercicio de la Justicia. Un resbalón lo tiene cualquiera y ni siquiera consta aún que la sentencia conocida lo haya sido, pero las dudas que ha suscitado estos días pasados obliga a reflexionar más allá incluso de su propio contenido. Todos tenemos, y queremos seguir teniendo, la creencia de que el Tribunal Supremo es la última instancia judicial y que sus decisiones son inapelables, excluidas las que la pueden plantear dudas de constitucionalidad.
Pero en esta ocasión, las vacilaciones del propio Tribunal, que no se disiparán hasta el cinco de noviembre, han causado sorpresa y, a partes iguales, ilusiones y daños económicos. Durante unas horas, los titulares de hipotecas presentes y pasadas disfrutaron la esperanza de recuperar unas cantidades de dinero que desde hace meses se hallaban en disputa. Los bufetes de abogados especializados en estas cuestiones enseguida lanzaron las campanas al vuelo en la creencia lógica de que sus argumentos jurídicos en favor de sus clientes se verían reforzados.
Mientras tanto, la otra parte, la banca, que veía amenazada seriamente su cuenta de resultados sufría un fuerte descalabro en la bolsa. Algunas pérdidas probablemente irrecuperables. No sé si es exagerado decir que fue un duro golpe para el mundo financiero, pero si podría ser considerado como una fuerte sacudida. Hasta aquí, todo discurrió por cauces normales: en los pleitos unas veces se gana y otras se pierde, o unos ganan y otros pierden: para decidirlo están los jueces cuya posibilidad de equivocarse siempre está subsanada por las garantías judiciales: las sentencias pueden ser revisadas por un tribunal superior. Hasta llegar al Supremo.
La creencia popular es que el Supremo es poco menos que dogma de fe. Sus decisiones son inapelables, se ejecutan. Las dudas suscitadas por este caso no serán inéditas pero la decisión de abrir la causa para revisarla, tomada en veinticuatro horas, choca. Choca y preocupa. Al margen del litigio sobre el reintegro del dinero en discusión, está el daño que está causando a la imagen de la Justicia. Pocas veces se ha escuchado tanto la frase sobre la mujer del César como estos días. Y es una pena porque la Justicia en España estaba mejorando mucho su imagen.
Poco a poco iban quedando atrás tics que recordaban herencias de la instrumentalización de las Justicia durante la Dictadura. La profesionalidad de jueces y fiscales y la independencia que este poder fundamental en democracia estaba consolidando, ha sufrido un duro golpe. No hay que olvidar que las sentencias judiciales siempre provocan discrepancias, se vuelven en elemento proclive a las suspicacias y tergiversaciones y nunca falten personas que se empeñen en resaltarlas. Y más cuando, como en este caso, una de las partes es muy poderosa.
No tengo argumentos jurídicos ni para dudar de que la sentencia sobre las hipotecas no sea correcta ni para opinar que si algo no está en regla, que no se revise. Más vale rectificar una sentencia equivocada que mantenerla sobre principios de ilegalidad. Será el propio Tribunal Supremo el que considere las razones que le han llevado a reabrir la causa, pero el mal causado a la imagen de la Justicia ya es inevitable. Será muy importante, para reducir el daño, que la solución esté bien argumentada, explícita y expuesta de manera que todos podamos entenderla. No debemos quedarnos con la idea de que la Justicia se equivoca.
