Cuatro sindicatos con representación en el Metro de Madrid han propuesto la creación de un Fondo de Indemnización dirigido a los trabajadores del suburbano que sean víctimas del amianto.
El Sindicato Libre, UGT, Solidaridad Obrera y Sindicato de Técnicos de Metro de Madrid aseguran que el objetivo de este Fondo es evitar el largo peregrinaje judicial así como conceder facilidades vitales a los trabajadores del metro que hayan sido afectados por el amianto.
Según los sindicatos, los trabajadores y sus familias se encuentran en situación de desprotección cuando se produce una enfermedad profesional, y se ve mermada la salud del trabajador, así como sus capacidades. “Proporcionar a los trabajadores una mejor calidad de vida, así como mejoras sociales una vez que se les declare la enfermedad profesional”, es una de las respuestas que exigen al Gobierno autonómico de Ángel Garrido.
El planteamiento atisba la elaboración de una Proposición de Ley de creación de un fondo de compensación para las víctimas del amianto en Metro de Madrid similar a otros fondos europeos.
Los trabajadores quieren incluir el Fondo dentro del Presupuesto del Metro a través de la Ley de Presupuestos de la Comunidad de Madrid.
El Fondo estaría dotado de indemnizaciones, cuantías económicas bien mensuales o bien a tanto alzado en función de la patología contraída, la edad, el grado de afectación, y el grado de incapacidad, tomando como ejemplo el de otros Fondos que existen en el Viejo Continente.
“A partir del 1 de enero de 2017, y siempre que la ley de Presupuestos de la Comunidad de Madrid permita establecer beneficios sociales en el sector público perteneciente a la misma, los trabajadores en activo estarán asegurados mediante la correspondiente Póliza de Seguro Colectivo de Vida”, piden los sindicatos.
Esos seguros determinan los términos y el abono a realizar dependiendo de la consecuencia sanitaria. En un fallecimiento, el capital asegurado es de 25.000 euros, y hasta 50.000 euros, si el fallecimiento es a consecuencia de un accidente. Una incapacidad permanente absoluta queda asegurado en 12.000 euros y de 24.000 euros si es motivada por accidente de trabajo.
Además de estas características, el Fondo exigido debería incluir una serie de ayudas sociales dirigidas a “mejorar la calidad de vida de los trabajadores afectados y de sus familias en el caso de fallecimiento, articulándolo a través de la Responsabilidad Social de la Empresa”.
Entre esas ayudas, los estudios de hijos u otros gastos escolares de los afectados, programas individualizados de formación orientados a la readaptación y reinserción laboral, cubrir los gastos de manutención de hijos/as menores de 25 años, ayuda para gastos de alquiler e hipoteca de vivienda habitual o la incorporación inmediata, de viudas/os o hijos de los trabajadores fallecidos, a la empresa mediante contrato laboral indefinido sin limitación de edad a jornada completa.
