El Tribunal Supremo soltaba ayer una bomba que impactaba de lleno sobre el sector financiero: el impuesto sobre transmisiones patrimoniales (ITP) y actos jurídicos documentados (AJD) en la formalización de las hipotecas debe ser abonado por el banco, no por el cliente.
Con esta sentencia el alto tribunal modificaba su jurisprudencia anterior y anulaba una sentencia previa, del 28 de febrero de este mismo año, en la que daba la razón a los bancos. La respuesta del mercado no se hacía esperar, con fuertes caídas en Bolsa de las entidades cotizadas dentro de un clima de absoluta incertidumbre en el que bailaban cifras millonarias sobre el impacto real que pudiera tener la sentencia sobre el sector.
La banca, mediante un comunicado conjunto realizado por la AEB y la CECA, parece poner en duda no obstante que tenga que ser ella la que devuelva el dinero pagado de más por los clientes. “La sentencia publicada en el día de hoy se refiere a una cuestión de naturaleza tributaria” han señalado las dos grandes patronales, que recuerdan que los bancos “no han percibido cantidad alguna de sus clientes por este concepto”.
El mercado da por hecho sin embargo que serán los bancos los que deban pasar por caja. Al igual que en otros gastos hipotecarios, como los de notaría, el beneficiario último del pago no es el banco, pero ello no ha evitado un aluvión de reclamaciones.
Calcular el impacto ya es harina de otro costal. Tal y como señala en un informe Nuria Álvarez, analista de Renta 4, “existe una falta de información que impide estimar un potencial impacto sobre los bancos de la devolución de este impuesto”. Para dicho cálculo habría que tener en cuenta en primer lugar cuánta retroactividad se aplicará, que en principio podría limitarse a cuatro años (desde 2014).
Álvarez recuerda además que el impuesto de AJD es diferente según la comunidad autónoma, en un rango que va desde el 0,5% en Madrid al 1,5% en Andalucía. “No contamos con datos de crédito hipotecario desglosado por comunidades autónomas por lo que habría que aplicar un AJD medio”, valora la experta de Renta 4.
Por último, el saldo hipotecario actual no sirve para calcular el importe de impuestos pagados, dado que se necesita conocer el importe inicial concedido sobre el cual se aplica el impuesto, aunque Renta 4 destaca que las entidades que cuentan con un mayor peso del crédito hipotecario en sus balances son Liberbank y Bankia.
“Hacer estimaciones sobre el posible impacto que esta sentencia pueda tener es cuanto menos aventurado, dado que para el cálculo hay que tener en cuenta muchas variables para las que no tenemos información y hacen imposible realizar un cálculo que aporte credibilidad sobre el impacto final real”, reconoce Álvarez. No obstante, “tomando cifras de concesión de nuevo crédito (fuente AFI) y asumiendo una aceleración del mismo en 2018, calculamos que el impacto de la sentencia en el sector podría alcanzar los 2.000 millones de euros aproximadamente aplicando un AJD del 1% de media”.
“Habrá que esperar a conocer más detalles sobre la sentencia”, concluye la analista de Renta 4.
Mucho más pesimista sobre el impacto parece ser la agencia Moody’s, que en un análisis el pasado mes de marzo, cuando el Supremo acababa de dar la razón a los bancos, hablaba de una cifra de hasta 4.000 millones de euros. En ese entonces, la agencia reconocía que era “difícil” calcular la magnitud del impacto sobre los bancos españoles, pero sí estimaba que el coste hubiese “excedido” el importe total que el sector ha reembolsado a los clientes con motivo de las cláusulas suelo, que según sus cuentas se sitúa en una cifra de entre 3.500 o 4.000 millones de euros.
