El texto establece, según EFE, que la persona física que sea propietaria o poseedora legítima, las entidades sin ánimo de lucro y las entidades públicas propietarias o poseedoras legítimas de vivienda social podrán pedir “la inmediata recuperación de la plena posesión de una vivienda o una parte de ella siempre que se hayan visto privados de ella sin su consentimiento”.
En su recurso Unidos Podemos expone que se pueden vulnerar derechos como el de la inviolabilidad del domicilio, a la tutela judicial efectiva y a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.
Si (
No(
