Nadie esperaba que esta semana emblemática para los independentistas fuese tranquila en las calles de las grandes ciudades catalanas. El recuerdo de lo ocurrido hace un año sigue latente y continúa habiendo mucho interés en mantenerlo vivo. El independentismo fracasó en su intento de perpetrar un asalto contra el Estado y se revuelve contra las consecuencias que su actuación está teniendo. Las más graves las sufren los catalanes, pero eso no parece importarles. Varios de sus responsables se hallan encarcelados y otros han huido cobardemente de sus responsabilidades.
Las iniciativas políticas puestas en marcha en estos doce meses algo han avanzado, pero de forma apenas imperceptible. Es evidente que la Justicia, que tiene que actuar al margen de la política, no puede acompasar sus actuaciones a las iniciativas y enjuagues de la política. La división de poderes es inamovible y su respeto es el mejor ejemplo para quienes han intentado o intentan avasallar la Constitución que así lo establece y garantiza. La gestión política, fundamental para solucionar el conflicto, tropieza con esta limitación.
Pero no es sólo la situación de los políticos presos lo que obstaculiza que se restablezca la normalidad. Los independentistas más exaltados – como los integrantes de la CUP o los miembros filoterroristas de los CDR – exhiben ahora como argumento la exigencia de la puesta en libertad de los acusados de cometer los despropósitos y delitos que ellos mismos intentan repetir con la imposición por la fuerza, ahora física, de sus exigencias. Para ellos la mitad amplia de sus convecinos no cuenta.
Y lo grave es que para las autoridades elegidas por esa mitad escasa que les secunda, no asume el coste en todo lo que está en juego ni hace nada para pararlo. Antes al contrario, desde la Generalitat y su presidente, Quin Torra, se mantiene una actitud permanente de desafío a las leyes y a las reglas de la convivencia. No se deja de repetir unos objetivos imposibles por la violencia y de alentar a los que se mueven fuera de la Ley mientras se impide una negociación serena que en estas circunstancias, cuando una de las partes no quiere, se vuelve imposible ante la necesidad de llegar a acuerdos.
Exigir respeto a la Ley y a las reglas de la convivencia a unos energúmenos que creen que cortando vías del ferrocarril o cerrando el paso por algunas calles, ya la experiencia demuestra que es complicado y peligroso. La primera amenaza se cierne sobre la seguridad ciudadana. Pero tener que hacerlo contra la voluntad de agravar las situaciones que muestran quienes están el poder, en un poder en rebeldía contra él mismo, amenaza con convertirse en imposible. Ayer ha sido un día muy duro en Cataluña y sobre todo en Barcelona.
Apenas queda la parte buena que tiene que la fecha haya pasado. Ahora, una vez superadas las semanas marcadas por la Diada y el 1-O, se impone propiciar la relajación del ambiente por parte de todos, a ver si desfogados los instintos violentos de los más exaltados, los políticos pueden ponerse a trabajar en la búsqueda de una solución. Es el momento. No se admite dilación. El Govern y el President han ido muy lejos una vez más, el artículo 155 de la Constitución sigue vigente, y la posibilidad de entenderse sin violencia ni retos siempre ha existido.
