El 23 de agosto de 2011, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, aprovechó el Pleno Extraordinario dedicado a las medidas de austeridad para incluir una propuesta de reforma constitucional que estableciera una regla de estabilidad presupuestaria. Una idea que contó con el apoyo del Partido Popular y que días más tarde (2 de septiembre) se convirtió en la reforma constitucional exprés del artículo 135 de la Constitución.
Un artículo de infausto recuerdo para muchos votantes y políticos del PSOE. El propio presidente del Gobierno actual, Pedro Sánchez, y su equipo coinciden en la necesidad de modificar aquella reforma constitucional. Sin embargo, pocos o ningún paso se ha dado en esa dirección.
El artículo 135 antepone el pago de la deuda a cualquier gasto público y social. Así quedó reflejado tras las reuniones que mantuvieron representantes del PP y del PSOE durante aquel mes de agosto.
Pedro Sánchez, además de participar en aquellas reuniones y de votar a favor de aquella reforma, defendió la postura del partido en un artículo publicado en septiembre de 2011 en el diario El Periódico de Cataluña.
“Al elevar de rango el principio, reforzamos el compromiso del Estado con la estabilidad presupuestaria, cuestión que beneficia de forma clara a la economía española y a la catalana. Nunca creí que lo que diferenciara a la izquierda y la derecha fuese el tamaño del déficit público. La estabilidad de las cuentas es un principio de buen gobierno”, aseguraba Sánchez en aquella tribuna.
A juicio del por entonces diputado raso del PSOE, “la estabilidad no está reñida con la justicia social, al contrario, la alimenta al garantizar la sostenibilidad del Estado del bienestar”.
La reforma salió adelante con 316 votos a favor y 5 en contra. Coalición Canaria, UPYD y dos socialistas, Antonio Gutiérrez y José Manuel Bar Cendón (este último por error) fueron los que votaron en contra. Los diputados socialistas De la Rocha, Barrio de Penagos y José Antonio Pérez Tapias se abstuvieron como CiU y PNV, y los diputados de Izquierda Unida no se presentaron.
Sin embargo, con superar tres quintos de la cámara no bastaba para reformar la Constitución. Si un 10% de la cámara solicitaba la realización de un referéndum, la reforma debía ser consultada y aprobada por la población. Sin embargo, no se llegó al 10% y no fue necesario convocar una consulta.
Cambio de guion en el PSOE
Una vez alcanzó la Secretaría General del PSOE, Pedro Sánchez criticó sin miramientos la reforma constitucional del artículo 135. De hecho, el último programa electoral de los socialistas incluye la promesa de “reformar el artículo 135 para incorporar las condiciones de salvaguarda de la “Estabilidad Social” del Estado que figura en su actual texto con el fin de que, con criterios de sostenibilidad, aseguren en la distribución del gasto público un nivel adecuado y suficiente de financiación de los servicios y prestaciones sociales”.
“Ya hemos hablado hace años de que es necesaria la reforma del 135 para que no se prime el pago de la deuda sobre los servicios públicos del país y es algo que llevamos incluso en nuestro programa electoral”, aseguró Adriana Lastra, portavoz parlamentaria del PSOE, hace varios meses.
El propio Sánchez considera que aquella reforma se hizo “de manera claramente apresurada” y sin “debate previo”.
“No me arrepiento de aquel voto positivo porque lo ejercí con lealtad y responsabilidad. Pero los acontecimientos posteriores demostraron que cometimos algunos errores de cálculo. Los especuladores no prestaron ninguna atención a nuestro cambio constitucional y nuestra prima de riesgo siguió subiendo”, fueron las palabras que utilizó el líder del PSOE en una entrevista concedida a El Mundo en 2014.
