La banca pública en Europa, un club al que no se sumará Monte dei Paschi… ni Bankia

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La banca pública en Europa, un club al que no se sumará Monte dei Paschi… ni Bankia

En España no ha habido una banca pública como tal desde que en 1998 el Gobierno de Aznar finalizó la privatización de Argentaria.

Monte dei Paschi di Siena

Aprovechar los rescates de los bancos a cargo de los contribuyentes para construir una banca pública que desarrolle una labor social. La idea ha surgido en varios países a raíz de la crisis financiera, y el debate se ha centrado últimamente en el italiano Monte dei Paschi y el español Bankia a raíz de los cambios de gobierno. Sin embargo, ninguna de las dos entidades parece que dará el paso.

Esta misma semana se conocía que el Gobierno italiano tiene previsto vender su participación en el Monte dei Paschi di Siena. “Su retorno al mercado es una meta pactada con la Comisión Europea y no es objeto de discusión”, según ha afirmado el ministro de Economía del país, Giovanni Tria, en una entrevista concedida a Il Sole 24 Ore.

Era la primera vez que el ministro se refería al banco más antiguo del mundo, y se ‘pincharon’ las expectativas levantadas, teniendo en cuenta que en el “contrato” del acuerdo de Gobierno entre Movimiento Cinco Estrellas y Liga Norte, la coalición se comprometía a revisar la “misión” de Monte dei Paschi. De hecho, el portavoz económico de la Liga, Claudio Borghi, había llegado a declarar que el banco permanecería en manos públicas y se usaría para proporcionar fondos a las comunidades locales.

El Estado italiano controla un 68,2% de Monte dei Paschi, y el proceso de privatización debe terminar en 2021, según el acuerdo con Bruselas.

También en España el cambio de gobierno y el desembarco de Pedro Sánchez en la Moncloa revivieron las voces que reclamaban la conversión de Bankia en una banca pública. Tanto Unidos Podemos, que apoyó la moción de censura presentada por los socialistas, como los principales sindicatos -UGT y CCOO- han abogado por esta medida, pero el Ejecutivo no se plantea esta conversión, y el actual equipo dirigente de Bankia, tampoco.

Bankia recibió 22.424 millones de euros de los contribuyentes a través de diferentes tramos, de los que se han recuperado 2.863 millones a través de ventas de paquetes accionariales y del pago de dividendos. Bajo la actual legislación, el banco debería estar privatizado para finales de 2019, aunque está en manos del Gobierno aprobar una prórroga a ese plazo, como ya hizo en su momento cuando Luis de Guindos era ministro de Economía.

La banca pública en España

¿Pero de qué se habla cuando se habla de banca pública? A diferencia de lo que se suele pensar, las cajas de ahorros eran entidades privadas, si bien su estructura jurídica hacía que de facto estuviesen controladas en muchos casos por los gobiernos autonómicos. De acuerdo con la Asociación Europea de Bancos Públicos (EAPB), que representa a más de 90 instituciones financieras con un total de activos totales de más de 3,5 billones de euros y una cuota de mercado del 15% del sector financiero europeo, hay dos modelos fundamentalmente: Los ‘Promotional Banks’, que actúan como complemento de la banca comercial ofreciendo financiación al tejido empresarial; y las ‘Agencias de financiación local’, que ofrecen financiación al sector público para llevar a cabo proyectos municipales.

En los casos de Monte dei Paschi y Bankia la aspiración no era esta, sino mantenerlos como bancos que ofrezcan los mismos servicios que sus rivales, pero bajo el control del Estado. En España no hay una entidad de este tipo desde que en 1998 el Gobierno del entonces presidente José María Aznar finalizó el proceso de privatización de Argentaria, que tenía al mando al todavía hoy presidente de BBVA, Francisco González.

La banca pública en España concedía todavía a principios de la década de los 90 un 15% de los créditos, pero ya entonces estaba abocada a su desaparición. Desde el principio de la democracia, tanto conservadores como socialistas habían estado de acuerdo en su privatización, al entender que el sistema financiero privado era capaz de atender toda la demanda de crédito de la sociedad española. En cualquier caso, se mantuvo un ICO residual para intervenir en casos excepcionales.

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