La decisión, todavía “preliminar”, de la Junta Única de Resolución (JUR) de no compensar a los accionistas y bonistas de Banco Popular por la resolución de la entidad hace justo 14 meses no ha hecho sino reafirmar a los afectados en su idea de acudir a los tribunales para exponer su caso.
Asufin, asociación de afectados que está personada como acusación popular en el procedimiento penal y que ya ha comenzado a interponer demandas individuales por la vía civil, lo tiene claro. “Cada vez hay más motivos para presentar la demanda civil para que los afectados puedan recuperar su dinero”, señala Patricia Suárez, presidenta de la asociación. “Empezamos a conseguir sentencias favorables y en Asufin contamos con el informe de la CNMV que aportamos en las demandas”.
Tal y como se obliga en la normativa comunitaria, el organismo abre a partir de hoy un periodo de audiencia de los afectados, que durará hasta el 14 de septiembre a las 12.00h y en el cual se podrán expresar los alegatos. No obstante, Suárez cree que “la JUR está lavando su imagen abriendo un periodo para oír a los afectados, pero ya sabemos que no devolverá el dinero. Sería como reconocer que no tomó la decisión correcta cuando resolvió el banco”.
“Como era de esperar, a los afectados del Popular sólo les quedarán los tribunales para recuperar su dinero”, concluye la presidenta de Asufin.
Muy similar es la opinión de Juan Ignacio Navas, socio director del despacho de abogados Navas & Cusí, Juan Ignacio Navas, que cree que lo que diga la JUR “es poco relevante”, considerando que lo significativo es lo que resuelva el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
No obstante, el bufete defiende que la vía “más adecuada” para intentar recuperar las inversiones y los ahorros es la nacional, según unas declaraciones recogidas por Europa Press. En esta línea, aplicando el principio de sucesión de empresa, Navas subraya que el Santander es quien debe responder a las demandas de los accionistas del Popular. “Ya tenemos en España sentencias que han condenado al Santander a indemnizar a los accionistas afectados”, subraya.
Navas & Cusí considera, además, que la JUR, que se estrenó con la resolución del Popular, lo hizo de una manera “poco experimentada” y “poco transparente”, negándose a facilitar el informe de Deloitte que justificó la “drástica” decisión de intervención.
Los accionistas y bonistas afectados hace algo más de un año por la resolución de Banco Popular no serán compensados por las autoridades europeas, según anunció ayer la JUR en una decisión “preliminar”.
