Las autoridades europeas se juegan entre 3.000 y 10.800 millones por la resolución del Popular

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Las autoridades europeas se juegan entre 3.000 y 10.800 millones por la resolución del Popular

Los grandes inversores reclaman a la Comisión Europea y la Junta Única de Resolución entre 0,7 y 2,5 euros por acción del Popular.

Banco Popular

Los grandes inversores reclaman a las autoridades europeas una indemnización por la resolución de Banco Popular de entre 0,7 y 2,57 euros por acción, lo que podría obligar a la Comisión Europea y a la Junta Única de Resolución (JUR) a desembolsar entre 3.000 y 10.800 millones de euros en el caso de que la justicia europea falle en su contra.

Según publica hoy VozPopuli.com, el Tribunal de Luxemburgo ya tiene sobre la mesa los escritos de cinco de los seis demandantes: Del Valle, Luksic, un grupo de inversores representados por Bernardo Cremades, un bonista y la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno. Se espera que los grandes bonistas anglosajones –Anchorage y Algebris- presenten sus escritos a finales de mes, señala el diario digital.

Sin embargo, de todos los recursos presentados, sólo dos de ellos calculan la potencial indemnización a pagar por las autoridades europeas: entre 0,7 y 2,57 euros por título, en el caso de los accionistas; y el principal más un cupón del 6,87%, en el caso de los bonistas.

Los 0,7 y 2,57 euros por acción figuran en el escrito de Eleveté Invest Group y otros 17 inversores, a los que representa Cremades. Este despacho plantea dos escenarios, señala VozPopuli.com: el primero, que se indemnice por el daño causado por la JUR el 23 de mayo, cuando su presidenta, Elke König, dio una entrevista a Bloomberg TV en la que reconocía que Popular estaba siendo analizada. Por ello, el escrito de este despacho exige que la JUR reponga los 0,696 euros por título que valía el día antes el banco, que capitalizaba casi 3.000 millones.

El segundo de los argumentos expuestos por este bufete sería que indemnice con 2,57 euros por acción, ya que las autoridades europeas habrían usado un informe mal planteado por Deloitte. Así, la auditora no valoró Popular como negocio en marcha sino como entidad en liquidación, algo que no estaría estipulado por la regulación.

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