El PP de Pablo Casado ya ha empezado a andar. Y lo ha hecho rescatando, entre otras cosas, su propuesta para que gobierne la lista más votada en los ayuntamientos. La formación conservadora registró este martes en el Congreso una proposición de ley para reformar la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) e implantar un sistema que propicie que la lista con más votos en las elecciones locales sea la que llegue al poder. Es decir, los populares quieren impedir que los consistorios estén en manos de coaliciones de ‘perdedores’. Algo que recuerda, y mucho, a lo vivido en las primarias del PP.
Durante la carrera por la Presidencia del Partido Popular Soraya Sáenz de Santamaría se impuso en la votación de los afiliados. Fue la candidata con más votos y pasó el corte junto a Casado. Una victoria tras la que se abrió el debate. En las filas de la formación muchos defendían que tendría que ser ella la elegida para suceder a Mariano Rajoy, que los más de 3.000 compromisarios deberían ratificar lo dicho por las bases.
“Está en el ADN del PP que mande la lista más votada”, afirmó la exvicepresidenta del Gobierno en una entrevista a El Mundo. Una tesis que se repitió durante las semanas previas al Congreso del PP. Pero Casado y los suyos no estaban dispuestos a tirar la toalla y defendían que ambas votaciones eran cosas diferentes. Por un lado, la de los afiliados y por otro, la de los compromisarios. Y estos últimos eran los que tenían en su mano decidir quién sería el líder del partido. Y así pasó.
Pese a imponerse entre los afiliados Soraya Sáenz de Santamaría perdió ante Pablo Casado, que contó con el respaldo del resto de candidatos que se presentaron a estas primarias, como María Dolores de Cospedal o José Manuel García Margallo. Los ‘perdedores’ cerraron filas en torno al diputado por Ávila para impedir que la exvicepresidenta ganara. Y lo consiguieron. Se impuso en el cónclave con el 57% de los votos.
Ahora, cuando no se han cumplido ni dos semanas el ‘nuevo’ Partido Popular ha planteado en el Congreso que pueda gobernar con mayoría absoluta una lista que gane las elecciones municipales con tan sólo el 35% de los votos válidos, siempre que saque una ventaja de cinco puntos al siguiente. Incluso, con el 30% de los votos si la ventaja con el segundo es de diez puntos.
“Es evidente que los pactos y coaliciones electorales son algo lícito en España”, afirman los populares en el redactado de esta iniciativa, en la que sostienen que pese a ello “estas alianzas, en la mayoría de los casos post electorales, en numerosas ocasiones están exclusivamente motivadas por el único interés y singular propósito de desplazar al partido político que esté gobernando en ese ayuntamiento o ente local”.
Además de que gobierne la candidatura que hubiese alcanzado el 35% de los sufragios emitidos o el 30%, dependiendo de los casos, los populares abogan por una segunda vuelta en la que concurran las formaciones que en la primera convocatoria hubiesen alcanzado el 15% de los sufragios. Eso sí, nada de listas de partido o coaliciones, que tendrían prohibido presentarse.
Tras la segunda vuelta, a la candidatura que lograse al menos el 40% de los votos válidos se le otorgaría la mitad más uno de los concejales.
Los populares quieren frenar de esta manera los efectos de los acuerdos que, según ellos, se alcanzan en los despachos a espaldas de los ciudadanos. “Cuando en los despachos se hacen acuerdos oscuros, lo único que tenemos son gobiernos débiles que pagan hipotecas ocultas, como pasa ahora con Pedro Sánchez”, afirmó la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Dolors Montserrat, que fue la encargada de presentar esta iniciativa.
