Maquiavelo decía que el príncipe que engaña encontrará siempre quien se deje engañar.
Otra vez se sienten engañados y traicionados los hipócritas que no tenían ninguna razón para ser tan ingenuos antes, ni tan escépticos ahora. Sobre todo lo aparentan los mismos cínicos que siempre lo dan todo por descontado, como parte de nuestra naturaleza de pícaros españoles.
Con las recientes informaciones sobre el rey emérito, su conocido fondo de comercio, sus más que probables depósitos millonarios en paraísos fiscales y sus quizá no tan conocidos testaferros, parece que los mismos que han extendido un manto de discreción sobre la familia real como sobre la familia Pujol, durante décadas, se rasgan ahora las vestiduras aparentando que nunca lo hubiesen imaginado. Y exigen, con igual vehemencia, luz y taquígrafos, haciendo depender de ello el ser o no ser de España o de Cataluña, como una democracia homologable.
Les parece aún más morboso y escandaloso que haya hecho de intermediaria, en los oscuros blanqueos de los que nos escandalizan, la propia amante del rey, cuando la señora Corinna era más que conocida en esos negocios mucho antes y al margen de su relación real. Machismo sin fronteras, también sobre la casa y la cosa real.
Es verdad que gracias a algunos medios de comunicación empiezan a conocerse los nombres de los testaferros del rey en los paraísos fiscales y su extraña coincidencia con los de otros corruptos (posibles o declarados). Aparecerán también los intereses que animan hoy desde las sentinas del Estado a sacar a la luz lo que estaba velado. Y es que así como los extremos se tocan, podría decirse que los servicios secretos y los testaferros convergen y se comparten.
Pero sería más importante en democracia hoy, como lo debió ser también ayer, la máxima información y exigencia de investigación y depuración de responsabilidades en todos los casos; con más razón en los puestos de mayor responsabilidad, como el de la jefatura del Estado.
Investigación, la del rey emérito, que ya no cuenta con el escudo de la inviolabilidad, y por tanto no habrá excusa para que la promueva la propia fiscalía general del Estado en defensa del interés público. Una justicia más que poética y mucho más que real. Pero, como más vale prevenir que lamentar, se podría también poner en marcha un estatuto de la jefatura del Estado que imponga transparencia y delimite responsabilidades, limitando la inviolabilidad a las actividades relacionadas exclusivamente con el cargo.
Sin embargo, llama la atención la manipulación grosera de este caso particular para poner una vez más en almoneda a la democracia española, como si a la imagen modernizadora del Gobierno femenino de Sánchez fuera insufrible y hubiera que contraponer algo tan cutre y carca que permita retomar el relato una supuesta continuidad franquista.
Para los de casi siempre, es una razón más para volver a impugnar la Transición, reducida ésta a una mera restauración de la dictadura. Pretendiendo que el enriquecimiento ilícito del rey y su venalidad abarcaría y oscurecería todos los logros en el camino hacia la democracia, caen en el mismo error de los panegiristas de la Transición como obra del rey y un puñado de hombres -todos hombres-, tanto del aparato franquista como de la oposición, entonces clandestina, y de sus padrinos internacionales, obviando de paso a los grandes y a las grandes olvidadas de la lucha antifranquista sindical, política y cultural y de su no menos generosa lucha por la democracia. Y es que los procesos históricos siempre van mucho más allá de la biografía de sus más aparentes protagonistas. Detrás, entre bambalinas, siempre están los pueblos.
Otros, republicanos de ocasión, toman la parte por el todo y extienden sus sospechas como prueba de una democracia corrupta, como si ellos mismos no hubieran formado parte de los que en su momento consideraron, entre las varias causas de la abdicación real, además de su salvífica aparición en política, algo más que las fotos de una cacería de tantas con Corinna: una dación de cuentas por la corrupción del yerno, de la infanta… y de tantos negocios compartidos, incluidos los manejos, no todos frustrados, para hacer descarrilar el proceso judicial que les ha condenado finalmente, aunque quizá no tanto como les hubiera correspondido en justicia, a una parte de la familia real. ¡Cómo si en democracia el código penal se pudiera extender al Estado y al sistema democrático en su conjunto sin caer en la hipérbole y en la frivolidad, tan poco republicanas ellas!
Aprovechan incluso para cuestionar que en España vivamos en democracia, uniendo los negocios del rey emérito al juez Llarena y la prisión preventiva de los políticos independentistas; el derecho a decidir al 1 de Octubre y la república catalana, en forzada continuidad con la pervivencia del mausoleo del Valle de los Caídos, la medalla de Billy el Niño y los residuos vergonzosos del franquismo, convertidos por arte de la sobreactuación y la postverdad en la nueva y vieja Marca España, liberando a los sucesivos gobiernos y a las derechas españolas de sus hipotecas y responsabilidades.
Porque para ellos España solo puede ser la continuidad del franquismo por otros medios, y la única legitimidad democrática es la de una república, catalana por supuesto, solo declarada y siempre en construcción, pero adornada de todas las virtudes cívicas y sociales que en España se niegan. Una caricatura para satisfacción de los hooligans que no contribuye a la comprensión y al respeto mutuos, tan necesarios para una nueva etapa basada en la distensión, el diálogo y la búsqueda de acuerdos. Y es que, según algunos, la república no ha sido ni puede ser española sino catalana, porque España solo puede ser facha y franquista frente a la Cataluña moderna y republicana. Maniqueos.
Somos muchos, sin embargo, los que creemos que la democracia está hecha de la materia imperfecta de nuestros sueños, de elecciones, procedimientos de participación y de leyes y de las personas y las culturas políticas que las habitan. Por eso pienso que los republicanos y nuestros valores debemos seguir defendiendo nuestro legado y la alternativa de una tercera república. Mientras tanto, exigir transparencia y responsabilidad frente a la corrupción, en particular en la jefatura del Estado. Pero no tenemos nada que ver con calumnia y mucho menos con la demonización y demolición de las instituciones democráticas.
Pienso también que la vía unilateral y la represión del 1 de octubre son expresiones ambas de agitación y regresión democráticas, de autoritarismo, y no del derecho a decidir la una, ni de defensa de la legalidad la otra. Tampoco la vía penal, la acusación desmesurada de rebelión, la injusta prisión preventiva ni la marcha atrás en las euro órdenes muestran una democracia segura de sí misma. Ni su caricatura ayuda a corregir sus defectos o sus excesos.
De lo que estoy seguro es de que la mentira y la demonización del otro nos separa, nos impide hablar y no nos lleva a ninguna parte.
Gaspar Llamazares, promotor de Actúa y portavoz federal de IzAb.
