La transparencia en España es opaca. Al menos en lo que a altos cargos se refiere. Porque Rajoy no sólo salió de la Moncloa sin haber publicado las declaraciones de bienes de los miembros del Ejecutivo, sino que desde 2014 no se actualiza ninguna de estas comunicaciones para decenas de otros altos cargos del Estado.
Esta obligación proviene de una ley del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que regula los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y los Altos Cargos de la Administración General del Estado. Se implantó en 2006 y fuerza a publicar en el BOE esas declaraciones de bienes de los miembros del gabinete del Gobierno y de los secretarios de Estado.
Pero la Ley de Transparencia del PP (2013) amplió esa garantía para secretarios generales, jefes de gabinete, delegados del Gobierno, jefes de misión diplomática y representantes ante organismos internacionales, del director de RTVE, de toda la cúpula de todas las entidades públicas del país o del presidente y vocales del Tribunal de la Competencia.
Igualmente, de todos los mandos del Instituto de Crédito Oficial (ICO), de altos cargos de todas las empresas donde el Estado sea el mayor accionista, de las cúpulas de las fundaciones públicas, de todos los reguladores de la competencia y de “cualquier otro puesto de trabajo de la Administración General del Estado, cualquiera que sea su denominación, cuyo nombramiento se efectúe por el Consejo de Ministros”.
Todo eso se desconoce desde 2014, última vez que se ofreció esta información. La norma fijaba que los altos cargos deben presentar una declaración de bienes y patrimonio en los tres meses siguientes a su toma de posesión y, antes de finales de septiembre, debían publicarse en el BOE las de los ministros y secretarios de Estado nombrados o cesados entre el 1 de julio del año anterior y el 30 de junio del presente.
El Ejecutivo de Rajoy se escudó en que la ley que en 2015 reguló el Alto Cargo derogó el decreto que fijaba en septiembre la publicación de bienes y todo quedó pendiente de desarrollar un reglamento para cumplir la Ley de Transparencia, que nunca llegó.
Este vacío legal sólo permite conocer la declaración de bienes de aquellos miembros del exgabinete de Rajoy que, además de ministros, eran diputados en el Congreso.
Según aseguró recientemente la ministra de Administración Territorial, Meritxell Batet, el Gobierno del PSOE quiere comenzar a cumplir con esa obligación y también publicar todas las declaraciones que han quedado pendientes en estos cuatro años.
