Esperanza Aguirre cedió el bastón de mando de la Comunidad de Madrid a Ignacio González en septiembre de 2012. Poco después, la región comenzó a tener que cumplir la regla de gasto, que Hacienda exigió desde inicios de 2013. Y solo ese año la región presidida por González respetó la norma, que se incumplió en 2014 y 2015, cuando el expresidente se marchó y último ejercicio analizado por la Cámara de Cuentas de Madrid.
En su último informe, el fiscalizador constata que la región incumplió el objetivo de déficit en tres ejercicios: 2011, 2014 y 2015. Sin embargo, la única consecuencia respecto a Hacienda fue la obligación de elaborar tres planes económico-financieros.
El Ministerio de Hacienda entendió que los fallos de 2011 se subsanaron al año próximo, el último de Aguirre como presidenta.
Sin embargo, la Cámara subraya que tras los incumplimientos de 2014, el Gobierno de González redactó un Plan Económico Financiero rechazado por la AiRef (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal), con “estimaciones de ingresos sesgadas al alza y poca información sobre los gastos”. El Consejo de Política Fiscal y Financiera (Hacienda) desaprobó ese plan.
Pero el documento no fue reformulado, no constan requerimientos desde Hacienda y “tampoco le fueron aplicadas a la Comunidad las medidas coercitivas que prevé la ley en estos casos”. En lugar de todo ello, critica el informe de la Cámara de Cuentas, los nuevos incumplimientos de 2015 solo «obligó a la elaboración de un nuevo plan».
Mientras González se mantuvo en el poder, sólo uno de los tres grandes parámetros que analiza el fiscalizador se cumplió: el objetivo de deuda pública.
Sin embargo, la sucesión de incumplimientos en déficit y regla de gasto, sin requerimientos ni sanciones por parte de la cartera siempre ocupada en esos años por Cristóbal Montoro, contrasta con el enfrentamiento del exministro de Hacienda con el Ayuntamiento de Madrid bajo el gobierno de Manuela Carmena.
El Ministerio de Hacienda intervino las cuentas del consistorio por incumplir la regla que impide a todas las administraciones aumentar su gasto por encima del crecimiento global de la economía española, independientemente de que hubiese balances saneados.
Ese enfrentamiento provocó una de las mayores crisis de la alcaldía de Carmena y se saldó con el cese del exconcejal de Economía, Carlos Sánchez Maato, por negarse a defender un Plan Económico Financiero (PEF) de 2017 diseñado para cumplir con los designios de Hacienda.
En aquel momento y a pesar de aceptar el mandato, Ahora Madrid fue muy crítico con la “doble vara” de Montoro, que pidió recortes de gasto de 238 millones en 2017 y otros 243 millones este ejercicio en la capital
“Esta intromisión no tiene ningún sustento económico y ni siquiera jurídico”, denunció la plataforma, recordando que la capital “tiene las cuentas más que saneadas: ha registrado importantes superávits (más de 1.000 millones de euros en el año 2016) y ha reducido en apenas dos años un 40% la pesada losa de la deuda que dejó el gobierno del PP, y todo ello mientras se ha incrementado el esfuerzo inversor en un 102% y la inversión social en un 74%”.
Desde Jaén a Hacienda
No es el único caso en el que la actuación de Hacienda llamó la atención por aparente disparidad de criterios según si la administración que se saltaba la regla de gasto era o no del PP: el propio número dos de Montoro en Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, había sido alcalde de Jaén previamente. Desde ese sillón, firmó unas cuentas que incumplieron “reiteradamente el objetivo de estabilidad y de la regla de gasto”, según denunció la AiRef.
Este órgano constató en diciembre que el PP lleva años incumpliendo la regla de gasto sin consecuencias en Jaén, y que Hacienda nunca impuso un Plan Económico Financiero a la capital andaluza, gobernada hasta 2015 por el ya exsecretario de Estado de Hacienda.
“Siempre ha presupuestado los ingresos muy por encima de los liquidados”, apuntaba el análisis, que incluyó a Jaén como uno de los consistorios con situación económica especialmente compleja y cercana a la quiebra. “Todos los años ha incumplido la regla de gasto, a excepción del 2016, pero como consecuencia de la consolidación de los excesos de gasto de ejercicios anteriores”, concluye el informe. Sin embargo, Hacienda no le impuso un PEF, algo que la ley recoge como obligatorio para administraciones con tales dificultades financieras.
