El Observatori del Deute en la Globalització (ODG), el proyecto activista Xnet y el Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC), las tres organizaciones que presentaron la querella contra cinco exministros y el presidente de ACS, Florentino Pérez, por el caso Castor han recurrido la decisión de la Audiencia Nacional de archivar la querella y han explicado los argumentos que esgrimen en su recurso, analizando.
Los querellantes recuerdan que con la querella hacían “una petición de tutela judicial en el ámbito penal para iniciar una investigación sobre la posible existencia de corrupción en la administración pública española a partir del análisis de un conjunto de elementos acreditados que demuestran, más allá de la complejidad del proyecto, una inaudita facilidad de tramitación del proyecto Castor acompañada de un singular resultado: una infraestructura que no es operativa pero que mediante su construcción ACS-EscalUGS ha ingresado astronómicas cantidades (sobrecostes añadidos), y todo ello asumido por la ciudadanía en nuestra factura del gas por un valor de 1.350.730.000€ (2.419.940.000€ más los intereses).
Y explican que en este marco y dada “la magnitud del objeto de denuncia y por la naturaleza de los hechos denunciados, no es posible ni por lo tanto procedente, exigir para la apertura del procedimiento de investigación penal pruebas plenas o una calificación jurídica acabada de los hechos como si se tratara de la fase de enjuiciamiento. Primero porque la función de la instrucción es precisamente la averiguación de los hechos y segundo porqué en los casos de corrupción hay que atender a las especiales dificultades que envuelven su denuncia e investigación”.
Además, los querellantes rechazan el argumento que se esgrime en el auto de archivo de que el proyecto Castor empezó su tramitación con anterioridad a la fecha en la que los querellados asumieron sus responsabilidades políticas, ya que dicho argumento “no permitiría enjuiciar muchas de las conductas que se producen con relevancia en el ámbito de la “gran corrupción”, ni tampoco en el resto de ámbitos del derecho penal.
Finalmente, recalcan que “el caso del proyecto Castor que se describe en el escrito de querella y que damos por reproducido a efectos de economía procesal nos describe una situación grave en la que la interacción entre poder político y poder económico ha dado como resultado una deuda de 1.350.730.000 euros más intereses para la ciudadanía y una empresa beneficiada con sumas importantísimas sin concurso público que además ha desarrollado la obra con importantes sobrecostes.
Además, recalcan que a su entender, los hechos contenidos deberían conllevar por sí mismos la apertura de una investigación de oficio por la propia Fiscalía Anticorrupción “porque resulta extraordinariamente difícil de comprender como un sistema administrativo como el español, con una legislación que exige importantes controles e intervenciones, puede acabar dando como resultado una infraestructura inútil y generadora de una deuda tan importante sin generar ningún tipo de responsabilidad ni a la constructora ni a los responsables políticos que autorizaron dicha construcción”.
Además consideran que auto de archivo también obvia ciertas cuestiones y habla sobre otras no debidamente justificadas, argumentan en el recurso de apelación.
