Hace ya casi 3 años un grupo de activistas comprometidos con la defensa de los derechos humanos decidimos fundar la Plataforma X la Honestidad con dos objetivos: apoyar a denunciantes y alertadores de corrupción e impulsar iniciativas legislativas para la defensa de los Derechos Humanos de las personas. Poco a poco se fueron sumando mas activistas así como denunciantes y alertadores con el ánimo de ayudar a otras personas que, como ellos, dieron el paso de alertar sobre las irregularidades de las que fueron testigos en sus respectivos entornos. Estas actividades las hemos ejercido hasta la fecha de forma altruista; es nuestra aportación para caminar hacia una sociedad mas justa.
En cuanto a las iniciativas legislativas nuestra principal actividad hasta la fecha ha sido el impulso en el Congreso de los Diputados de una Ley Integral de protección para los denunciantes y alertadores de corrupción, acción que pusimos en marcha durante la precampaña electoral del pasado 26 de junio de 2016, hace ya mas de 2 años.
Todos los partidos nos recibieron excepto el Partido Popular y la mayoría de ellos adquirieron compromisos para sacar adelante cuanto antes una Ley que proteja a estas personas blindando su puesto de trabajo, asegurando una defensa jurídica con garantías y gratuita, así como el sufragio de los gastos médicos derivados del acoso que sufren a raíz de sus denuncias; una ley que garantice además su anonimato. Esta ley debe ser administrada por un ente que sea totalmente independiente respecto del poder político, tanto del Legislativo como del Ejecutivo, por razones obvias, y debe proteger a cualquier persona, ya sea funcionaria, trabajadora por cuenta ajena, autónoma, desempleada o estudiante.
Una de nuestras reivindicaciones es también, y esto es fundamental, que se elimine del Código Penal el delito de revelación de secretos en los casos en los que se alerta sobre hechos presuntamente delictivos que causan un menoscabo patrimonial en las arcas públicas ya que este supuesto es frecuentemente utilizado para amedrentar a los alertadores. Este tipo penal contempla fuertes penas no solo pecuniarias sino también de prisión, lo cual supone una tremenda y horrible paradoja: el presunto corrupto puede enviar a prisión a la persona que ha alertado sobre sus propios hechos delictivos. El mundo al revés.
Es esta sin duda la piedra angular de las medidas (no la única) que se deben tomar en cuanto a la lucha contra la corrupción ya que animará a mas personas a denunciar estos hechos llegando a normalizarse en el seno de nuestra sociedad.
Pero no es solo una medida para la lucha contra la corrupción sino que se trata de legislar también para proteger los derechos humanos de estas personas que prestan un gran servicio a la ciudadanía, gracias a las cuales se está ahorrando miles de millones de euros públicos, dinero de todos/as al fin y al cabo.
24 largos meses han transcurrido desde que la práctica totalidad de los partidos del arco parlamentario se comprometieron con nosotros a consensuar entre todos una Ley de protección para los denunciantes de corrupción. Pues bien: estas personas siguen sin estar protegidas en España; el proceso que iniciamos está paralizado y estas personas han dicho basta.
Mi compañero Francisco Padilla resumió hace unos días en un hilo de un tweet lo que ha sucedido con este proceso de forma muy brillante y es de justicia, constructivo y necesario que se sepa lo ocurrido para que este tipo de maniobras cesen en el ámbito político de este país, para que los políticos que deben servir a la ciudadanía dejen de servirse de ella:
A mediados de 2016 iniciamos un consenso con todos los partidos excepto con el Partido Popular (que no nos quiso recibir) para dar forma y adecuar un anteproyecto de ley integral de protección para los denunciantes y alertadores de corrupción que se adaptase lo más posible a sus necesidades; una mañana nos levantamos con la noticia de que Ciudadanos presentó un proyecto de ley sin contar con nadie y abandonando ese compromiso de consenso al que habíamos llegado con todos los partidos para confeccionar esta ley entre todos; querían apuntarse el tanto. Después de esta acción oportunista e irresponsable nos costó convencer a los demás partidos para que no abandonaran la mesa y consiguiéramos sacar una ley en beneficio de este colectivo de personas.
Además, este proyecto de ley presentado por Ciudadanos era una auténtica trampa por diversas cuestiones. Por ello posteriormente presentamos una serie de enmiendas en el Congreso en uno de los actos que organizamos en la Sala Clara Campoamor.
La cuestión es que se han presentado nada menos que 375 enmiendas y además el Sr. Posada, que preside la Comisión Constitucional del Congreso en donde se ha aparcado este asunto no ha convocado aún a los partidos para las ponencias y posterior votación en el Pleno del Congreso. Tampoco ha sido presionado este representante del Partido Popular (socio de Ciudadanos, recordemos) para que la convocase hasta hace apenas una semana. ¿Que causalidad, verdad?: justo unos días antes del acto convocado por denunciantes y alertadores de corrupción a título individual en los aledaños del Congreso de los diputados, donde dirán BASTA, donde darán un Jaque a la corrupción acompañados de otros activistas y representantes de diferentes asociaciones de la Sociedad Civil que han estado junto a ellos durante todo este tiempo.
Este encuentro tendrá lugar el sábado 23 de junio a las 12 de la mañana en los alrededores del Congreso de los Diputados, acto al que estos denunciantes esperan que acudan todas aquellas personas comprometidas con la defensa de los Derechos Humanos y la lucha contra la corrupción que les sea posible asistir, acto en el que se permitirá una sola bandera: la bandera del Jaque a la corrupción. Señorías del Congreso de los Diputados: ya han pasado 2 años y hemos dicho BASTA.
Desde la Plataforma X la Honestidad, asociación de la que soy Presidente desde su fundación, hacemos una recomendación a sus señorías: ¿Saben ustedes que se ha aprobado recientemente una Directiva Europea para regular la protección a los «Whistleblowers»? Teniendo en cuenta que las leyes de ámbito nacional de los países miembros deben adecuarse a la legislación de la Unión Europea, ¿no sería mas fácil desechar el proyecto de ley que lleva meses dormido en la Comisión Constitucional del Congreso junto a sus nada menos que 375 enmiendas y tomar directamente como referencia esta Directiva Europea?
Así lo recomienda un informe preparado por las Asociaciones Corruptil, Fibgar y Blueprint y respaldado entre otras por asociaciones como la Plataforma X la Honestidad o Filtrala.
Por último, tal como solicité públicamente en el Congreso de los Diputados a representantes de todos los partidos políticos el pasado mes de octubre de 2016, por favor, no se olviden de dotar de retroactividad a esta ley: hay cientos de personas que están sufriendo las consecuencias de haber prestado este gran servicio a la ciudadanía. Muchas de ellas estarán presentes el sábado en el Congreso exigiendo la protección para futuros denunciantes. No tendría sentido que las mismas personas que reivindican esta ley quedaran fuera de su ámbito de aplicación.
Este sábado 23 de junio diremos Jaque a la corrupción todos juntos en el Congreso, acto al que asistirán entre otros y a título individual, denunciantes de corrupción que son a su vez miembros de la Plataforma X la Honestidad, como Azahara Peralta, Roberto Macías, Jaime González Díaz, Sonia Peral y Francisco Javier Perejón, así como colaboradores/as como Maite Morao.
Pedro Arancón Pastor
Presidente de la Plataforma X la Honestidad
