El juez del caso Lezo ha requerido al Canal de Isabel II, la empresa pública madrileña que le informe de todos los negocios que ha mantenido con empresas radicadas en paraísos fiscales
En una providencia del pasado 15 de junio, Diego de Egea, el juez de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional acuerda pedir toda esta documentación solicitada por la defensa del expresidente del Canal y exconsejero de la empresa pública desde 2001 hasta 2015 Agapito Ramos Cuenca, según informa Europa Press.
El magistrado instructor solicita a la empresa pública de aguas “documentos y pactos de participación directa o indirectamente con otras empresas en paraísos fiscales, y en especial el contrato firmado con Aguas de Barcelona (AGBAR) en una sociedad denominada Interagua a través dela sociedad Internacional Water Services (Guayaquil BV)”.
El juez Diego de Egea decidió investigar a los miembros del consejo de administración del Canal de Isabel II -entre ellos a Ramos Cuenca- que aprobaron la compra presuntamente irregular de su filial Inassa en 2001, año en que Alberto Ruiz-Gallardón gobernaba en la Comunidad de Madrid, a petición de la Fiscalía Anticorrupción. El magistrado, al igual que el fiscal, aseguró en el auto en el que imputó a estas personas que es evidente “la existencia de un cúmulo de irregularidades cometidas durante todo el proceso de adquisición de la sociedad colombiana”.
Pese a un informe de Cuatrecasas contrario a la compra de Inassa, la sociedad de Barranquilla fue adquirida por 73 millones de dólares. Una operación para la que se empleó la sociedad radicada en Panamá Aguas de América y cuya legalidad fue defendida por todos los exconsejeros del Canal imputados, incluso el propio Alberto Ruiz Gallardón, que declararon a principios de junio.
Por otro lado, el juez De Egea quiere continuar indagando sobre la compra presuntamente irregular de Emissao, una vez que el Canal ya estaba bajo el mando del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González. Anticorrupción sospecha que con esta operación se han malversado 25 millones de euros.
