El equipo de Ahora Madrid no quiere lecciones del PP en materia de vivienda en Madrid: ante sus críticas por la escasez de vivienda pública en alquiler, la concejal responsable del área, Marta Higueras, ha recordado a los populares que las competencias “exclusivas y plenas” de este asunto corresponden a la Comunidad de Madrid y reprochado que durante los 20 años que han gobernado en la ciudad “no hayan tenido tiempo para legislar en materia de vivienda”.
En la comisión del ramo celebrada este martes, también ha subrayado que “el Ayuntamiento de Madrid tiene reducidas sus competencias de intervención para frenar la burbuja del alquiler en la ciudad, ya que las mismas fueron recortadas en la ley de estabilidad presupuestaria”.
Pese a ello, ha sacado pecho de los números del consistorio en materia de vivienda: ha cuantificado en 1.198 las viviendas levantadas por la capital desde que Manuela Carmena llegó a la alcaldía “frente a la falta de inactividad de la Agencia de la Vivienda Social del gobierno regional”.
Dos años antes de que Ahora Madrid entrase en el Ayuntamiento, la exalcaldesa Ana Botella vendió más de 1.800 pisos públicos, propiedad del consistorio, a fondos de inversión.
Y ha apuntado al gobierno del PP como el responsable de las “subidas indecentes” de los alquileres en la ciudad por modificar la ley de arrendamientos urbanos, que ha generado indefensión a los inquilinos, y por eliminar la indexación al IPC.
Higueras ha informado de que, durante su gestión de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo, se han atendido 4.000 casos y se han concedido 2.153 ayudas económicas en 2016 y 2.387 en 2017 para pagar el alquiler de casas.
También ha añadido que se han habilitado 4.206 plazas al día en alojamientos habitacionales. Y que las personas con ingresos inferiores a 514 euros al mes, han sido inscritas en las listas para acceder a una vivienda social.
“Hasta que llegó Ahora Madrid la vivienda pública era para quién podía pagársela no para quién no podía acceder al mercado libre”, ha enfatizado en su comparecencia. Esta política ha supuesto un importe de 78 millones de euros para el Ayuntamiento de Madrid a los que hay que añadir otros 18 millones en concepto de IVA al cambiar el uso de más de 2.500 viviendas del régimen de venta al de alquiler.
Además, recuerda que otro millón de euros anuales se destinan al programa de acompañamiento e integración socio comunitaria. Asimismo, el área que dirige Higueras dispone de 200 viviendas solidarias; 20 para atención integral de mujeres por violencia de género; 100 para construyendo hogar (otras 69 ya están en marcha y 75 entrarán en funcionamiento en el 2020) y 21 casas para refugiados.
Ante esta situación, la delegada del Área de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, se ha comprometido a mantener “la vía penal y contable” para defender la “defensa de la vivienda pública y el acceso a la misma a un precio asequible” para la ciudadanía.
