La portavoz del Gobierno, Isabel Celáa, ha anunciado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez tumbará la reforma sanitaria de 2012, bajo el mandato de Ana Mato, cuya principal medida fue el fin de la universalidad sanitaria en España.
Aquella ley dejó sin acceso a la atención sanitaria gratuita a las personas en situación administrativa irregular, lo que generó fuertes protestas de colectivos inmigrantes, ONGs y muchas otras otras entidades y Comunidades Autónomas.
El Real Decreto-Ley 16/2012 será tumbado por otro Real Decreto: el equipo de Sánchez ha anunciado que abre “un proceso dialogado con las Comunidades Autónomas y la sociedad civil para devolver el derecho a la protección a la salud a todas las personas”.
“Es una cuestión de decencia política y también un mandato de los organismos internacionales”, ha explicado Celáa en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministras y Ministros, el segundo del nuevo Gobierno socialista.
La causa de la reforma de 2012 fue la austeridad: el PP argumentó que era necesaria para reducir el gasto público, con un Mariano Rajoy recién aterrizado en Moncloa. No en vano el apellido de la ley fue «medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud». Sin embargo, el anterior Gobierno nunca cuantificó oficialmente el ahorro. No hay cifras para medir cómo influyó en las cuentas públicas la exclusión sanitaria de inmigrantes irregulares y otros segmentos de población, como los residentes en el exterior.
Cada región gestionó el veto de una forma: permitiendo la atención primaria, creando normas autonómicas que han sido sistemáticamente tumbadas por el Tribunal Constitucional o, directamente, incumpliendo en la práctica la reforma. También se crearon tarjetas de acceso sanitario paralelas a las de la población ‘con papeles’.
Seis semanas
Aunque el PSOE ha anunciado hoy la medida, aún tardará en ser efectiva: «Todas las Comunidades Autónomas están actuando para solucionar los problemas de este Real Decreto, que tardará seis semanas en volver al Consejo de Ministros porque es un proceso dialogado», ha explicado Celáa. Después de que el Ejecutivo lo firme, serán necesarios otros 30 días para su convalidación en el Congreso.
Preguntada sobre la ‘obediencia’ que tendrá esta nueva ley en las autonomías, Celáa ha recordado que las regiones no están cumpliendo esa norma actualmente y que «incluso regiones afines al Gobierno anterior estaban muy incómodas, por lo que me atrevo a pensar que este Real Decreto será cumplido en todos sus términos», ha defendido.
«La ministra de Sanidad, Carmen Montón, ha presentado hoy en el Consejo de Ministros la hoja de ruta en la que se marcan los pasos a seguir de un proceso que será dialogado y en el que se dará participación a todos los agentes implicados en la medida», acaba de informar en un comunidado Sanidad.
Explica que ya se ha dado «el primer paso» al convocar para el próximo 20 de junio la comisión delegada del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) con un único punto en el orden del día: «Universalidad en el Sistema Nacional de Salud».
Ese encuentro será preparatorio de la reunión del Pleno del CISNS, prevista para la última semana de junio, en la Montón mantendrá un encuentro con los consejeros y las consejeras de Sanidad de las Comunidades Autónomas «para abordar de forma conjunta el proceso de recuperación de la asistencia sanitaria universal».
De forma paralela a estas reuniones se celebrarán «encuentros con los agentes sociales, entidades de la sociedad civil, movimiento asociativo, sociedades científicas y profesionales implicadas en la defensa del derecho a la salud como parte del proceso dialogado», destaca Sanidad.
«Con ello se cumplirá con la exigencia moral de garantizar el derecho de la atención sanitaria normalizada a toda la población, así como con las mejoras de la salud individual y colectiva que ofrece la cobertura sanitaria universal (prevención de la salud a través del acceso normalizado de atención primaria y a programas de promoción de la salud)». El Ministerio subraya que la revocación de la exclusión sanitaria «también permitirá a España dar respuesta a los mandatos internacionales (Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, Comisión Europea) o nacionales (informe anual del Defensor del Pueblo de 2017) relativos a esta cuestión».
