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El tratado internacional que enriquece y da poder sobre la energía a grandes empresas y fondos

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Corporate Europe Observatory revela los 'secretos' detrás del Tratado sobre la Carta de la Energía, usado para las demandas de arbitraje contra España por el recorte de las renovables.

jueves 14 de junio de 2018, 07:00h

Un nuevo informe revela que el Tratado sobre la Carta de la Energía (TCE), el acuerdo internacional usado para demandar a España en 40 casos ante tribunales de arbitraje por el 'hachazo' a las renovables, otorga a grandes empresas y fondos de inversión “un enorme poder”. Este compromiso para la cooperación transfronteriza en la industria de la energía suscrito por casi 50 países protege a empresas que han apostado decididamente por las energías limpias en el extranjero, pero según Corporate Europe Observatory (Obervatorio Empresarial Europeo, CEO, por sus siglas en inglés), también se ha convertido en “un arma poderosa” para compañías fantasma, inversores especulativos y corporaciones relacionadas con los combustibles fósiles. Podría, por tanto, utilizarse para “entorpecer la transición hacia las energías renovables”.

El tratado garantiza a los inversores extranjeros en el sector energético amplios derechos para demandar directamente a los Estados ante tribunales internacionales. Es lo que ha ocurrido con España, que con 40 demandas por los recortes a los subsidios a la energía renovable encabeza el ranking de los 27 países demandados bajo el TCE.

Sin embargo, de acuerdo a la investigación de la organización dedicada al control de grupos de presión en Bruselas, en el 88% de las demandas presentadas contra el Estado español “el inversor demandante no es una empresa de energía renovable, sino un fondo de capital u otro tipo de inversor financiero”. Cita el ejemplo de Masdar, que pertenece a Mubadala, fondo soberano de Abu Dabi y dueño también de la petrolera Cepsa, con el que España peridó su tercer arbitraje hace menos de un mes. El fallo del Ciadi, organismo dependiente del Banco Mundial, reconocía a Masdar una indemnización de 64 millones de euros, frente a los más de 250 millones que reclamaba.

En más de la mitad de los casos contra España, la compañía que demanda tiene también inversiones en energía contaminante en su cartera, como las empresas alemanas de carbón y nucleares E.ON y RWE y los fondos de inversión RREEF y Masdar.

Además, el informe sostiene que 63 de las 110 empresas que demandaron invirtieron en España después de 2008, cuando el país ya estaba en plena crisis económica y ya se habían introducido algunos en los programas de subsidios a las renovables. “Eran plenamente conscientes de los riesgos”, apunta, y añade que por lo menos ocho de las demandantes continuaron invirtiendo a pesar de las modificaciones. Por ello, el CEO considera que el TCE “ha sido una vía de escape para saquear fondos públicos cuando sus inversiones de riesgo no estaban dando los frutos esperados”.

“A pesar de que los casos contra España se han dado en razón de los recortes a los subsidios a las energías renovables, el informe presenta amplia evidencia de que el TCE garantiza a las corporaciones poderes para frenar la transición energética. Revela cómo grandes compañías de petróleo, gas y carbón ya han recurrido al TCE para impugnar políticas que favorecían la energía limpia, prohibían la explotación de petróleo, aplicaban impuestos a los combustibles fósiles o introducían reglamentaciones ambientales”, asegura Cecilia Olivet, del Transnational Institute, coautora del estudio.

Según Pia Eberhardt, otra de las autoras del informe, el tratado “ha traído más perjuicios que beneficios a España. No hay evidencia de que haya contribuido a atraer inversiones, pero ha costado a los ciudadanos españoles millones de euros”.

Por su parte, Tom Kucharz, miembro de Ecologistas en Acción y la Campaña No a los Tratados de Comercio e Inversión teme que algún inversor utilice el acuerdo para evitar que “se prohíba la exploración de petroleo en Canarias y Baleares, se suspenda la construcción del gasoducto MidCat y del almacén de gas fósil en el entorno del Parque Nacional de Doñana o se anuncie el apagón definitivo de las centrales nucleares”.

Y es que según el informe, el TCE ofrece a las grandes compañías “demasiado poder sobre nuestros sistemas energéticos”. La investigación apunta que ningún acuerdo de comercio e inversión del mundo ha dado lugar a más demandas entre inversores y Estados con un total de 114 demandas interpuestas, la mayoría de ellas presentadas desde 2013, lo que ha provocado que “cada vez haya en juego más dinero de los Estados y los contribuyentes”.

En este sentido, CEO afirma que “las grandes empresas reclaman indemnizaciones por la pérdida de ‘beneficios futuros’”, como ocurrió con la petrolera Rockhopper, que “no solo le está reclamando a Italia los 40-50 millones de dólares que se gastó realmente en la exploración de un yacimiento petrolífero en el mar Adriático, también otros 200-300 millones de dólares por las supuestas ganancias que habría generado el yacimiento si Italia no hubiera prohibido que se ejecutaran nuevos proyectos de petróleo y gas en alta mar”.

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