El ministro de Cultura y Deporte, Màxim Huerta, fue condenado el pasado año por defraudar a Hacienda 218.332 euros con una sociedad que constituyó en el año 2006 cuando trabajaba como presentador de televisión, en el Programa de Ana Rosa. Según publica El Confidencial, el titular de Cultura fue condenado a pagar más de 366.000 euros, incluyendo recargos e intereses en tres ejercicios fiscales.
Hacienda concluyó hace seis años que entre 2006, 2007 y 2008 Huerta facturó 798.521 euros por medio de Almaximo Profesionales de la Imagen SL, de la que era único accionista y administrador desde su creación y que se liquidó en 2016.
La inspección descubrió que el actual ministro de Pedro Sánchez dedujo como gastos por actividad artística injustificada hasta un total de 148.702 euros, lo que le acarreó el pago de una liquidación total de 365.938 euros por los tres ejercicios, incluidos un recargo del 50% de multa y los intereses de demora. El fraude original fue de 218.322 euros.
Según explican las dos sentencia del TSJM, Huerta se dedujo por actividades artísticas 43.770 euros en 2006, 80.481 en 2007 y 24.451 en 2008, habiendo declarado solo por servicios profesionales o rendimientos del trabajo 44.400, 43.065 y 60.000 euros, respectivamente. Como consecuencia, del total de ingresos de los tres ejercicios, 798.520 euros, solo tributó por IRPF 21.860.
El titular de Cultura tributó por el impuesto de sociedades y no por el IRPF, como debería haber hecho, eludiendo así “los tipos impositivos progresivos y más elevados de IRPF” y “engrosando además indebidamente el capítulo de gastos”.
Fuentes del Ministerio de Cultura consultadas por Europa Press han remitido a las declaraciones del ministro efectuadas a El Confidencial en las que afirma estar “al corriente” de todas sus obligaciones tributarias “desde hace ya unos cuantos años”. Huerta ha añadido que “la regulación fiscal a la que hace referencia el artículo se refiere a los ejercicios 2006, 2007 y 2008”.
Según el medio que informa de las sentencias, el texto de los veredictos determina que “la conducta del sujeto infractor [Màxim Huerta] es culpable y que la buena fe o inexistencia de culpa, presumida por la ley, queda destruida por la prueba de que ha actuado, cuando menos, negligentemente, con el resultado de eludir el cumplimiento de sus obligaciones fiscales tributarias en perjuicio del erario público”.
