Los juzgados espaciales para las cláusulas abusivas de las hipotecas, como las cláusulas suelo o los gastos de formalización, dan la razón a los clientes en un 97,6% de los casos, según los datos publicados hoy por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que muestran además un descenso en los asuntos ingresados debido a los acuerdos extrajudiciales.
En el primer trimestre del año se resolvieron 16.988 asuntos en los juzgados especializados en acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en los contratos hipotecarios, lo que representa un incremento del 60,5% respecto a los 10.586 asuntos resueltos en el último trimestre de 2017.
Estos órganos judiciales, que entraron en funcionamiento el 1 de junio del año pasado, tratan asuntos como las cláusulas suelo, las cláusulas de vencimiento anticipado, los intereses moratorios, los gastos de formalización de hipoteca o las hipotecas multidivisa.
El aumento de la cifra de asuntos resueltos coincide además con la disminución del número de asuntos ingresados, que entre los pasados 1 de enero y 31 de marzo fue de 57.955, un 26,5% menos que en el trimestre anterior, cuando se recibieron 78.829. También es inferior al registrado en el tercer trimestre de 2017 –59.327 asuntos-, pese a que ese periodo incluía el mes de agosto, inhábil en la jurisdicción civil.
La caída en la entrada de asuntos se observa también en la evolución dentro del propio trimestre: si en enero ingresaron algo más de 26.000 asuntos, en febrero fueron en torno a 17.000 y en marzo poco más de 13.000.
Sentencias
En el primer trimestre del año, los Juzgados especializados dictaron 13.573 sentencias, un 67,6% más que en el trimestre anterior. En total, y desde que se pusieron en marcha el 1 de junio de 2017, estos órganos judiciales han dictado 22.899 sentencias, de las que el 97,6% han sido favorables al cliente.
Según destaca el CGPJ, la unificación de criterios que indica el elevado porcentaje de sentencias estimatorias en todo el territorio nacional es uno de los factores que explican el descenso en el número de asuntos ingresados, al propiciar que las entidades bancarias lleguen a acuerdos extrajudiciales, evitando el litigio.
También se prevé que la sentencia del Tribunal Supremo del pasado 21 de marzo sobre el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados tenga efecto en la entrada de demandas que se refieran a esta cuestión, al haber determinado ya que el pago del impuesto por la constitución de préstamo incumbe al prestatario, mientras que, por el timbre de los documentos notariales, el impuesto correspondiente a la matriz se abonará por partes iguales entre prestamista y prestatario, y el correspondiente a las copias, por quien las solicite.
