Una veintena de organizaciones en defensa del derecho a la sanidad universal ya instan a la nueva ministra del ramo, Carmen Montón, a «adoptar sin mayor dilación las medidas legislativas necesarias que devuelvan el derecho a la asistencia sanitaria a todas las personas que viven en España independientemente de su situación administrativa”.
Entidades como Médicos del Mundo, Amnistía Internacional o CCOO, entre muchas otras, exigen al nuevo Gobierno “que aproveche el resto de legislatura para recapitalizar el Sistema Nacional de Salud, garantizando una asignación presupuestaria que fortalezca su carácter público, su calidad y eficiencia.
Las organizaciones conocen el cariz de Montón y confían en que defenderá estos cambios, pero igualmente le recuerdan que ya existe un Pacto Político y Social para una sanidad universal “promovido por más de 70 organizaciones sociales, profesionales y sindicales y firmado el pasado mes de septiembre por todos los partidos de la Cámara Baja a excepción de PP, Ciudadanos, UPN y Foro Asturias”.
Básicamente, piden derogar el Real Decreto-Ley 16/2012, la reforma sanitaria de la exministra del ramo Ana Mato, que restringió el acceso al SNS a personas en situación irregular alegando la contención del gasto para la estabilidad presupuestaria cuando Rajoy llegó al Gobierno.
“Expulsaba del sistema a cientos de miles de personas y la urgencia de revertir esta situación no ha hecho sino aumentar”. La plataforma REDER ha documentado en estos seis años cientos de casos de personas no atendidas de forma gratuita por el sistema sanitario, que tachan de “vulneraciones del derecho a la salud”.
Pero además recuerdan que cuando algunas autonomías se negaron a aplicar el decreto y continuaron dando prestaciones como antes de 2012, sus leyes regionales fueron sistemáticamente tumbadas por el Tribunal Constitucional, “que niega la competencia de las Comunidades Autónomas para otorgar acceso al SNS a las personas excluidas por el RDL, contraviniendo así la obligación de todos los poderes públicos de velar por el cumplimiento de los derechos humanos”.
“La exclusión sanitaria es una medida discriminatoria que se ensaña con las personas más vulnerables y constituye por ello un incumplimiento de las obligaciones internacionales de España en materia de derechos humanos, tal y como ha concluido recientemente el aciones Unidas, que se suma a una larga lista de mecanismos internacionales que han exigido a España la reforma del RDL”.
Sin datos del ahorro
Además, según han denunciado las distintas organizaciones, la reforma de Ana Mato “no se sostiene tampoco desde una perspectiva de eficiencia del sistema, pues según demuestran diversos estudios, el uso que las personas migrantes hacen del sistema sanitario es sensiblemente inferior al de las nacionales”.
Las plataformas denuncian que “igualmente, un sistema basado en la prevención a través de una atención primaria universal es menos costoso para las arcas públicas que aquel que limita la atención a las urgencias y acaba derivando en hospitalizaciones que podían haber sido prevenidas.”
Sea como sea, el Ejecutivo popular nunca ha cuantificado el ahorro que supusieron estas medidas.
