Las dos grandes ciudades españolas tienen la esperanza de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez sea más sensible a la problemática de los grandes incrementos de precios del alquiler.
“En el anterior Gobierno encontramos un muro”, lamenta José Manuel Calvo, concejal de Desarrollo Urbano Sostenible de Madrid. “Nos sorprendería que lo primero que se vote en el Congreso no sea la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU)”, confía Janet Sanz, responsable de Urbanismo de Barcelona.
Ambos se dieron encuentro en un debate sobre la regulación de los pisos turísticos y el fenómeno de la turistificación organizado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM), donde también se sentaron responsables de plataformas de alquiler entre particulares como Airbnb, representantes de los hoteleros y federaciones de vecinos.
No cabe duda de que los equipos de Ada Colau y Manuela Carmena tienen prisa por que Sánchez les eche una mano. Sus grandes peticiones pasan por reformar la LAU para permitir que los contratos de alquiler vuelvan a garantizar cinco años de estancia, y no tres, entre otras medidas para dar mayor seguridad al inquilino y fomentar el alquiler residencial frente al turístico.
Por otro lado, piden que se dote de más presupuesto al Plan Estatal de Vivienda que recientemente presentó el extitular de Fomento, Íñigo de la Serna. Su programa preveía una inversión casi un 40% menor respecto al anterior plan.
Los dos ‘Ayuntamientos del cambio’ también piden colaboración, ayuda y coordinación: “Los Ayuntamientos somos los únicos que estamos ahora promoviendo vivienda, mientras otras administraciones que tienen la competencia no hacen nada o venden pisos públicos”, criticó el concejal de Ahora Madrid.
En una mesa redonda bajo el título “Tourist go home?” ambos expusieron las actuaciones de respectivos ayuntamientos para regular el alquiler turístico y pinchar la burbuja del alquiler. El tenso debate entre concejales, vecinos, hoteleros y plataformas de alquiler puso de relieve la complejidad del asunto y la enorme diferencia entre las perspectivas de actores que viven en los centros de las mismas ciudades, pero en distintos lados de la barrera.
El decano del Colegio de Arquitectos, José María Azquiaga, también se sumó a la petición de un ordenamiento de ámbito estatal: “La ciudad no se pensó para el impacto turístico. Si quisiéramos convertir, por ejemplo Lavapiés, en un parque turístico, habría que repensar el barrio”, explicó.
Entre otras consideraciones, defendió la “necesidad de que haya una regulación estatal” para las VUT (Viviendas de Uso Turístico) por la popularización que han logrado a través de plataformas de supuesta economía colaborativa, como Airbnb o Homeaway.
En la línea de lo que manifiestan en el Ayuntamiento de Manuela Carmena, el decano defendió equiparar derechos y obligaciones de todos los actores que hacen del turismo una actividad económica: “La Comunidad de Madrid regula la defensa del ciudadano, y la normativa hotelera es muy estricta para proteger al consumidor. No tiene sentido que en pisos turísticos no haga lo mismo”, expresó.
“La Comunidad de Madrid es quien tiene la competencia en turismo y vivienda. Le pedimos que nos cediera esa competencia y no quiso”, criticó el concejal madrileño. Insiste en que es la administración regional quien debe “censar, inspeccionar y expedientar, pero sólo el Ayuntamiento está actuando en este ámbito”.
“Las VUT no son un problema solo para los vecinos, también para el turismo”, avisó por su parte la concejal barcelonesa, explicando que “nadie quiere volver a un parque temático”. “No queremos que el sector privado colabore, solo le pedimos que cumpla la ley”, pidió al responsable de Airbnb presente en la mesa. “Los Ayuntamientos estamos dando la cara siempre, y para eso estamos, pero también hay más administraciones”, remachó Sanz.
