El PSOE garantiza a la PAH que Sánchez no vetará su ley de vivienda

Vivienda

El PSOE garantiza a la PAH que Sánchez no vetará su ley de vivienda

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca –que tiene el compromiso socialista de que permitirán que se tramite la ley- pedirá al nuevo Gobierno que retire el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021.

Ley de Vivienda PAH

El Gobierno de Pedro Sánchez no vetará la proposición de ley de Vivienda impulsada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y permitirá su tramitación pero mantiene su postura de que presentar enmiendas para modificar su redacción.

Así se lo ha confirmado al colectivo antidesahucios la portavoz de Vivienda del PSOE en el Congreso, Mar Rominguera, con quien se reunieron este martes, según ha informado a EL BOLETÍN Paco Morote, portavoz de la PAH, quien recuerda que el plazo del Gobierno para posicionarse ante la ley de Vivienda de la PAH acaba el próximo martes, 12 de junio.

Morote recuerda que en mayo su proposición de ley de vivienda volvió a ser registrada en el Congreso –por Unidos Podemos, Compromís, ERC y EHBildu- tras ser vetada por el Gobierno de Mariano Rajoy, basándose en la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la LOMCE que limitaba la capacidad de veto del Gobierno y afirma que la prerrogativa del Ejecutivo se refiere a medidas que incidan directamente sobre el Presupuesto aprobado y no en futuros ejercicios y aquellas medidas cuya incidencia sobre el Presupuesto del Estado sea real y efectiva”.

El portavoz de la PAH dijo que si el PSOE cumple su compromiso la ley pasaría a pleno en el mes de septiembre por lo que aprovecharán el mes de julio para reunirse con los grupos parlamentarios que no han impulsado la ley con objeto de que la norma –que consideran imprescindible para frenar los desahucios y pinchar la burbuja del alquiler- salga delante de manera urgente y con las menores modificaciones posibles.

Además, Morote adelanta que pretenden reunirse con el PSOE para pedir que el Gobierno retire el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021. “Reclamaremos que se deroga el plan de vivienda de De la Serna porque lo único que hace es poner 1.445 millones en manos de las constructoras, promotoras y grandes tenedores de vivienda” señalando que las ayudas al

60 desahucios al día

Para la PAH es urgente que es apruebe su ley porque “el acceso a la vivienda está a punto de convertirse en el privilegio de unos pocos” y pone como ejemplo alarmantes datos del Consejo General del Poder Judicial sobre lanzamientos relativos a los tres primeros meses de este año. Y es que la plataforma destaca que aunque se detecta una bajada en el número de desahucios por ejecución hipotecaria, “aún con esa bajada, la cifra de desahucios por esta causa es de 5.371, o sea 60 desahucios al día”.

Recalcando además que esa reducción es “fruto de la paralización temporal de cientos de miles de estos procedimientos en los juzgados, que se encuentran pendientes de la resolución que adopte el TJUE sobre la cláusula de vencimiento anticipado y que se reactivarán como tales ejecuciones o como procedimientos ordinarios, según sea su resolución”, por lo que temen que en el futuro se volverá a elevar la cifra de estos desahucios.

Además, recalcan la preocupante cifra de desahucios por impago de alquiler que sigue subiendo: “9.719 lanzamientos, es decir 107 desahucios al día, 520 desalojos más que el último trimestre de 2017”, unas cifras que ponen de manifiesto –en opinión de Morote, que los precios de alquiler no pueden estar al albur de un mercado que está adulterado con los fondos buitre, las Socimi y los pisos turísticos.

Detrás de estas estadísticas hay personas, subraya la PAH, que recuerda que su ley pasa por ampliar el parque público de vivienda y explica que ese parque público podría ampliarse “abriendo, movilizando y endureciendo la fiscalidad de los propietarios de los los más de 3,5 millones de pisos vacíos que según el INE hay en España y que están principalmente en manos de la banca, fondos de inversión y socimi”,

Además, los activistas antidesahucios proponen regular los precios máximos de los arrendamientos a través de un índice estatal que tenga en cuenta, no sólo las características de la vivienda, sino también el poder adquisitivo de las familias, como el que ya existe en otras ciudades Europeas

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