El expresidente de la Comunidad de Madrid y exministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha negado esta mañana ante el juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso Lezo el cobro de comisiones en la adquisición de Inassa, por parte del Canal de Isabel II y ha defendido que la compra por 73 millones de dólares de la empresa colombiana se hizo “de acuerdo a la legalidad”
Gallardón, tras declarar en la Audiencia Nacional en calidad de imputado por los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, ha defendido ante los medios “la legalidad y la prudencia» con la que se llevó a cabo la operativa, que contó con «todos los informes jurídicos favorables” y ha añadido que la operación se hizo “con el mejor y más absoluto de los convencimientos de que era buena” para la empresa pública de aguas y, por tanto para la Comunidad de Madrid y los madrileños.
Además, ysegún han informado Efe, Gallardón ha querido dejar claro a la fiscal Ana Cuenca que “jamás” ha cobrado comisiones por esta u otra operativa y ha confesado que le duele que le plantee esa cuestión pero que entiende que debe hacerlo.
El magistrado Manuel García Castellón le imputó en la causa el pasado mes de abril a petición de la Fiscalía Anticorrupción que considera que la adquisición de la filial del Canal en Colombia estuvo repleta de “irregularidades”, e hizo lo mismo con sus exconsejeros Manuel Cobo (Presidencia) y Carlos Mayor Oreja (Medio Ambiente) porque formaban parte del Consejo de Gobierno que dio el visto bueno a la adquisición en el 2001.
“Yo creo que la transparencia con la que teníamos constituido el consejo de administración del Canal, donde no solamente estaban representantes del PP sino del PSOE, de las centrales sindicales, de la patronal y de los distintos ayuntamientos de la confederación hidrográfica del Tajo, garantizaban una gestión profesional, plural y transparente”, ha expuesto Gallardón, según informa Europa Press.
Según las fuentes consultadas, no se le ha preguntado por la gestión llevada a cabo en el Canal por el también exmandatario regional Ignacio González, presunto cabecilla de esta red, y que llegó a la presidencia de la empresa madrileña en el año 2003, cuando Esperanza Aguirre sucedió a Gallardón en el gobierno madrileño.
Al respecto, el máximo responsable del Gobierno madrileño en aquel entonces ha dicho que confiaba en la propuesta del Canal y que tiene “plena colaboración y confianza en la Justicia”. “Espero que cuando acaben las diligencias que se están practicando en estos momentos se certifique no solamente que las cosas se hicieron bien sino a través de la Ley”, ha añadido.
