«Brexit», reforma de la eurozona, planificación presupuestaria. A la Unión Europea (UE) no le faltan grandes proyectos, pero hay un tema espinoso que en los últimos tiempos no ha suscitado grandes titulares a pesar de que todavía queda un largo trecho para que se resuelva el problema: la reforma del sistema de asilo europeo. En un principio los 28 países miembros querían ponerse de acuerdo para la cumbre de la UE que se celebra a fines de junio, pero no se perfila un acercamiento ni el horizonte. Entre las posiciones de Hungría y Francia hay un mundo, al igual que entre las de Alemania y Austria. El tiempo apremia, ya que dentro de un año se celebrarán elecciones al Parlamento Europeo. ¿Se pelearán por este asunto los países de la Unión Europea?
El camino hacia un posible compromiso lo podrían haber allanado hoy los ministros del Interior del bloque en la reunión de Luxemburgo, pero no hay esperanzas de que sea así.
La inmigración es uno de los temas prioritarios de la agenda del ministro alemán del Interior, Horst Seehofer. Estaba previsto que el político conservador se reuniese hoy por primera vez con el resto de sus colegas del bloque, pero no acudió por problemas de agenda.
La mayor controversia es la gran reforma que se quiere hacer a la Convención de Dublín, en la que cada Estado se responsabiliza de los inmigrantes que pisan por primera vez Europa en su país. Naciones como Italia o Grecia, en las fronteras exteriores de la Unión Europea, tuvieron que hacer frente a la llegada masiva de cientos de miles de personas y se sintieron abandonadas por el resto de socios del bloque. También otros países mediterráneos como Chipre, Malta y España piden más solidaridad.
¿Solidaridad? En muchas capitales europeas, como el caso de Berlín, se ha entendido que cada país tiene que acoger una cantidad determinada de refugiados. Pero esa cuota no cuenta con el apoyo de países como Polonia, la República Checa o Hungría ni tampoco Austria. Los Gobiernos de Hungría y Eslovaquia incluso recurrieron ante los tribunales europeos el reparto impuesto de 160.000 refugiados, aunque fracasaron.
El primer ministro húngaro Viktor Orban ha sido en los últimos años uno de los paladines de la línea dura antimigración. Sólo los húngaros y las personas elegidas por ellos pueden decidir quién tiene derecho a quedarse en el país, dijo. Y no es el único que defiende esa postura.
El canciller austriaco, Sebastian Kurz, manifestó recientemente que no veía cómo su país iba a dar el visto bueno a una posible cuota. En declaraciones al diario diario alemán «Die Welt» explicó que la base del funcionamiento de un Estado es que pueda decidir a quien permite emigrar a su territorio.
Esas corrientes son las que la presidencia saliente del Consejo de la Unión Europea, en manos de Bulgaria, intenta acercar. El próximo semestre la presidencia recaerá en Austria. Los búlgaros han intentado evitar la palabra cuota, pero por otra parte tampoco se quiere dar la impresión que un país se puede librar por completo de la acogida de refugiados. Según la propuesta actual hay un reparto automático previsto, pero no con una cuota como antes.
En concreto el plan prevé tres fases, como también las contemplaba el plan anterior. En cuanto la Comisión Europea detecte una oleada de llegada de inmigrantes, activará un sistema que garantiza a los países afectados respaldo técnico y financiero.
A su vez, los países se pueden declarar libremente dispuestos a acoger solicitantes de asilo de esos países y recibirán dinero de los fondos de la UE por ello. Esta fase se activa cuando un país recibe entre el 20 y el 40 por ciento de la «parte justa» que le corresponde, un cálculo que se hace en base a su población y su producto interior bruto.
Si siguen llegando solicitantes de asilo en proporciones extraordinarias, queda en manos de los respectivos ministros del Interior activar la siguiente fase. Será necesaria si la carga del país figura entre el 40 y el 60 por ciento de su «justa parte». Las medidas ya adoptadas serán ampliadas y a ello se suma un reparto de los solicitantes de asilo. Un algoritmo calcula qué países y cuántos solicitantes de asilo le corresponden a cada país.
Cada nación puede rechazar una cuarta parte de los solicitantes de asilo asignados pagando un dinero extra a la Unión Europea o con la acogida de refugiados de fuera de Europa. Tendrán que pagar entre 25.000 y 35.000 euros por cada solicitantes de asilo que rechacen, según círculos de la Unión Europea.
Si un país supera durante más de dos años la «cota justa» del 60 por ciento, entonces los jefes de Estado y de Gobierno tendrán que deliberar sobre una ampliación de las nuevas medidas y otras soluciones.
¿Podrá esta propuesta disolver el disenso al respecto tantas veces expuesto entre los países de la UE? En la reunión de hoy en Luxemburgo ha quedado claro que no hay perspectiva alguna de llegar a un acuerdo a fines de junio. Los ministros ni siquiera ofrecieron palabras de aliento. El más claro fue el ministro luxemburgués, quien dijo: «Yo creo que tendremos un compromiso en Semana Santa, pero no sé de qué año».
Desde Italia ya ha llegó la oposición a la propuesta, según hizo saber el flamante ministro del Interior Matteo Salvini. El político del partido xenófobo Liga considera que los países mediterráneos se ven perjudicados con esa ley y pide más solidaridad. Además quiere expulsar inmigrantes a gran escala y reducir las llegadas de los rescatados.
A la luz de este anuncio se esperan tensiones. De momento se ha evitado una mayor tensión ya que Salvini no acudió a la reunión con sus homólogos en Luxemburgo.
