Las 172 familias que confiaron en Vitra, la cooperativa impulsada por CCOO, para adquirir una vivienda protegida en Villaverde (Madrid) pueden ver trucados sus sueños por culpa de la crisis y de la caída de Bankia por lo que el sindicato hace un llamamiento a Fomento para encontrar una solución negociada y se queja de que el Ministerio dé más facilidades a los fondos de inversión que a los cooperativistas.
Francisco Naranjo, presidente de Vitra explica que en el año 2011 Sepes, Entidad Pública Empresarial de Suelo, perteneciente al Ministerio de Fomento vendió mediante concurso público a la Cooperativa VITRA, una parcela en el antiguo Parque Central de Ingenieros, para hacer 172 viviendas protegidas de precio básico (VPPB). Una parcela que se escrituró a favor de la cooperativa que abonó el 5% del precio -354.000 euros, mientras que el resto tenía que abonarlo en dos plazos, antes de finalizar 2013. Sin, embargo, la cooperativa se quedó sin financiación y no pudo realizar los pagos previstos ya que “la crisis se llevó por delante a Bankia que tuvo que ser rescatada y nacionalizada y esta era la entidad con la que Vitra tenía convenido el préstamo hipotecario”.
Naranjo explica que debido a estos problemas la cooperativa propuso a SEPES diversas formas de pago más flexibles que no fueron aceptadas y que este motivo la promoción quedó en un limbo del que intentaron sacarla a mediados del año pasado cuando
El presidente de Vitra explica que a mediados de 2017, la Cooperativa consiguió financiación de Caixabank, más las cantidades aportadas por las 172 familias, y comunicó a Sepes su disposición para pagar la totalidad, una propuesta a la que se negó la entidad pública que “en lugar de coger los más de seis millones del importe pendiente, respondió con una demanda judicial por incumplimiento de plazos para recuperar el suelo”.
Desde CCOO dicen no entender por qué Sepes y el Ministerio de Fomento no aceptan los pagos que les propone la cooperativa, y Naranjo se queja de que Fomento “dé más facilidades a los fondos de inversión que a la cooperativa de un sindicato que ha entregado 9.000 viviendas en Madrid y 30.000 en toda España” y deja caer que durante este tiempo, en 2015, en la misma urbanización, Sepes, adjudicó suelo a la sociedad común Plainfield Spain SL, propiedad del fondo Aquila Capital, haciendo notar que “las condiciones del pliego de ese concurso parecían hechas a medida de los fondos de inversión, ya que se adjudicaban en un solo lote de 9 parcelas, lo cual hizo imposible, por su monto económico, la concurrencia de promotoras o cooperativas”. Recalcando que las condiciones del pago que daban a esta sociedad eran de un plazo de cinco años, “un plazo aún mayor que el que había solicitado VITRA y que fue rechazado”.
Francisco Naranjo explica que las 172 familias de la cooperativa ya han puesto entre 20.000 y 30.000 euros y se queja de que tanto el presidente de Sepes, Julio Gómez-Pomar, como la directora general, sólo les dan buenas palabras por lo que piden que se resuelva una situación que “sólo está provocando sufrimiento e incertidumbre a unas familias con pocos recursos”.
La versión de SEPES
Desde la Sepes, niegan sin embargo las acusaciones de CCOO. Pedro Sánchez Viñolas, director comercial para la Comunidad de Madrid de Sepes, afirma en declaraciones a EL BOLETIN que la entidad pública “es muy sensible a las necesidades de las cooperativas” y que por este motivo Sepes esperó cuatro años y no inició un procedimiento judicial para recuperar la propiedad de la parcela hasta 2017, a pesar de que los pagos deberían haber sido abonados en 2013.
Además, Pedro Sánchez asegura que «la cooperativa envió un escrito en marzo de 2014 en el que manifestaba que entendía inviable la promoción e instaba a que se resolviera el contrato por imposibilidad sobrevenida. Por lo que en octubre de 2014 Sepes acordó resolver la compraventa a fin de recuperar la disponibilidad de la parcela”.
El técnico de Sepes deja claro que desconoce las conversaciones que la cooperativa pueda haber mantenido con el presidente o la directora general de Sepes, pero aclara que el caso está judicializado desde 2017, que es cuando iniciaron el procedimiento judicial para recuperar la parcela, y recalca que esperaron tanto tiempo debido a que no querían judicializar el caso y debido a que la finalidad de Sepes «es poner vivienda con algún tipo de protección en el mercado».
Sánchez Viñolas rechaza las acusaciones del sindicato y Vitra de que las adjudicaciones de vivienda protegida en Villaverde se han hecho a la medida de los fondos, garantiza la limpieza de los concursos y asegura que se han mantenido numerosas reuniones con la cooperativa pero aclara que podían darle más facilidades de pago, ya eso supondía modificar las condiciones del contrato de adjudicación,algo que no pueden hacer al tratarse de una licitación pública.
Sobre el futuro de esta parcela en caso de tras el proceso judicial Sepes recupere la propiedad, ahora en manos de Vitra, Pedro Sánchez adelanta que el suelo saldría nuevamente a concurso y que se destinaría también a vivienda protegida de precio básico.
