Linde pide que la tormenta política no influya en el nombramiento de su sucesor

Banco de España

Linde pide que la tormenta política no influya en el nombramiento de su sucesor

“Estoy seguro de que se tomará una buena decisión y en el tiempo debido”, señala el todavía gobernador del Banco de España, que finaliza su mandato el día 8 de junio.

Luis María Linde, gobernador del Banco de España

El gobernador del Banco de España, Luis María Linde, finalizará su mandato el próximo 8 de junio, una ‘fecha de caducidad’ que es completamente independiente de la tormenta política desatada tras la sentencia de la Gürtel. “No hay huecos legales para una prolongación”, ha señalado él mismo.

Linde, que ha participado hoy en un desayuno informativo organizado por El Independiente, ha recordado que el Banco de España “no es una institución como las demás” porque, entre otras cosas, “su gobernador se sienta en el Consejo de Gobierno del BCE”. “Es más importante de lo que la gente piensa”, ha insistido, aunque se ha mostrado seguro de “Gobierno y oposición son conscientes” de este hecho.

“Estoy seguro de que se tomará una buena decisión y en el tiempo debido”, sin que la situación política “tenga consecuencias” en el nombramiento de su sucesor.

El ministro de Economía, Román Escolano, avanzó esta semana (antes de conocerse la moción de censura), que el Gobierno cumplirá “escrupulosamente” los plazos para nombrar un sustituto a Linde, por lo que el Consejo de Ministros deberá validar el nombramiento el 1 o como muy tarde el 8 de junio. Escolano había iniciado negociaciones con el PSOE para buscar un sustituto a Linde “de carácter técnico”, aunque la tormenta política desatada podría dinamitar cualquier acuerdo.

Más allá del nombre elegido para el sustituto de Linde, el todavía gobernador ha avisado de que una de sus funciones será “opinar” sobre cuestiones económicas generales, como el paro, las pensiones o la política fiscal, pese a que algunas veces estas opiniones puedan ser polémicas. “El Banco de España tiene que opinar, es una obligación” que contempla su Ley de Autonomía, con objeto de “contribuir a que haya un buen análisis”.

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