A Juanjo y Alba les cumplió el contrato de alquiler tras tres años en su piso de Barcelona. La inmobiliaria les informa de que para seguir allí deben suscribir otro contrato en lugar de renovar el anterior. Cuando van a firmar, además de una subida de precio de 370 euros en la renta del alquiler, la agencia pide honorarios de 500 euros más IVA por gestionar la firma de este contrato en nombre del propietario, con el que nunca llegan a contactar. En total, enfrentan un pago de unos 1.300 euros extra que incluye 50 euros de «registro» y un aumento de fianza, entre otros conceptos, solo por seguir en el mismo inmueble.
«Le pregunto que por qué tenemos que pagar esos honorarios, si es un servicio que contrata el dueño». La respuesta de la agencia es que este sistema es así «de toda la vida» y que solo por ser «buenos inquilinos» se les pide una cuota menor a la mensualidad, y no uno o dos meses de alquiler como solicitan en otros casos.
Este tipo de maniobras son cada vez más habituales en las grandes capitales donde, además de la subida de precios y de la presión sobre el mercado, ha crecido la rotación de las viviendas de alquiler, con el consigiuente aumento de las ganancias de las agencias inmobiliarias: «En Andalucía, Madrid y la Comunidad Valenciana ha aumentado la rotación, mientras que en Cataluña y el resto de las comunidades autónomas el tiempo medio de alquiler ha experimentado un ligero incremento», expresaba ayer un informe de Servihábitat, destacando que «en mercados muy activos, como son las ciudades de Madrid y Barcelona, una vivienda puede tardar pocos días en alquilarse».
Las cuotas por intermediación en alquileres son un clásico de las polémicas del sector: ¿Quién debe pagarlo? ¿Qué opciones hay si no quiero perder el piso? Desde la Organización de Consumidores OCU lo califican de “abuso”. Explican que, por norma general, “la comisión de la agencia en la intermediación en alquileres la debe pagar la parte que ha contratado los servicios de la agencia”.
Pero el cobro por renovaciones abre un nuevo caballo de batalla para los inquilinos: “Llevo 6 años alquilando un piso. El casero quiere revisar el precio del alquiler y subirlo un 15%. Para ello, decide rescindir el contrato avisando con los dos meses de antelación que marca la ley, y ofrece permanecer en el piso si acepto el nuevo precio”, explica otra usuaria víctima de esta táctica.
“Acepto el nuevo precio y la agencia me comunica que tengo que pagar los honorarios correspondientes a la subida del alquiler más el 21% de IVA. La agencia ha asesorado al propietario para hacer la subida del alquiler, pero a mí no me ha ofrecido ningún servicio, así que no me parece legítimo que yo pague los honorarios para añadir un anexo al antiguo contrato (200 euros)”. denuncia
Para la OCU, se trata de “una vuelta de tuerca de este abuso”: “En principio, al término de los 3 años caben dos opciones: hacer un contrato nuevo o prorrogar el anterior. Si se prorroga el anterior, no existe ninguna justificación al pago de comisión alguna por ninguna de las partes».
La plataforma de consumidores subraya que «si se decide hacer un contrato nuevo (para cambiar la renta o para asegurarse otros tres años), es algo que pueden hacer las partes con base en el contrato anterior. Si una de las partes quiere que el nuevo contrato lo redacte una agencia o la agencia inicial o un despacho de abogados, etc., lógicamente habrá que pagar los honorarios de este profesional. Pero deberá pagarlos la parte que haga el encargo de redacción del nuevo contrato”.
Sin castigo legal
«No está justificado el cobro de una comisión por renovación de contrato a una parte que no haya realizado ese encargo al profesional», insisten desde la OCU. Sin embargo, aunque las organizaciones de consumidores rechazan estas maniobras, la ‘alegalidad’ es la tónica: no hay manera de negarse a estos cobros sin correr el riesgo de perder el inmueble deseado. «Esta es una práctica abusiva que ha sido denunciada por la jurisprudencia. Pero en la práctica, al inquilino no le queda otra que pagar la comisión u olvidarse del piso», explican las mismas fuentes. «Esto, todavía, no está castigado por la ley».
En general, plataformas como OCU recomiendan pagar esas cuotas para acceder a la vivienda y emprender reclamaciones o acciones legales con posterioridad.
Según el INE, en España hay más agentes inmobiliarios que nunca: el número de ocupados en el sector batió récord en el primer trimestre de 2018, con el estallido del dinamismo del mercado del alquiler de fondo.
