Madrid tendría el doble de pisos que Airbnb si el PP no hubiese vendido el 80% de la vivienda pública

Madrid tendría el doble de pisos que Airbnb si el PP no hubiese vendido el 80% de la vivienda pública

La EMVS lamenta que la necesidad de vivienda social se acumula en el Ayuntamiento porque la Comunidad de Madrid no cumple su competencia en materia de vivienda.

Ayuntamiento de Madrid

Actualmente hay unos 16.300 inmuebles dedicados al alquiler turistico en Madrid, según la web InsideAirbnb. El Ayuntamiento conserva algo más de 6.000 pisos, dedicados en su totalidad al alquiler social desde la llegada de Ahora Madrid. Pero según los cálculos de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS), el parque público de la capital podría ser hasta cinco veces mayor si desde 1995 el PP no hubiese vendido a particulares o a fondos hasta el 80% de las viviendas que el consistorio levantó.

Es decir, si Madrid hubiese dedicado al alquiler social todos los pisos construidos por orden y financiación de Cibeles, el Ayuntamiento sería el propietario de casi el doble de viviendas de las que hoy se anuncian en Airbnb.

La EMVS explica que desde 1995 se han vendido 22.592 viviendas, tanto a grandes fondos de inversion como a particulares bajo criterios de acceso preferente por renta. Los datos muestran que crear un nutrido parque destinado íntegramente al alquiler para familias con problemas de acceso a la vivienda nunca fue el plan ni de Madrid ni de prácticamente ninguna institución en el país. «El patrimonio de la Empresa ha quedado en poco más de 6.000 viviendas en la actualidad, lo que dificulta atender la gran demanda de vivienda», lamentan hoy fuentes de la empresa pública.

Ana Botella vendió en apenas dos años casi una cuarta parte del parque de vivienda pública que en aquel momento conservaba el Ayuntamiento de Madrid y congeló la construcción de más unidades. Quiso así frenar la quiebra de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo, con una pésima situación financiera tras la gestión de la crisis inmobiliaria por Alberto Ruiz Gallardón.

La predecesora de Manuela Carmena salió de la alcaldía dejando algo más de 6.100 pisos públicos, 2.500 de los cuales estaban vacíos y predestinados a la venta a particulares. Previamente aceleró la colocación de unas 2.100 viviendas y vendió otras 1.860, en aquel momento alquilados a familias con bajos recursos, a fondos buitre. Esa polémica operación lleva ya dos años en los tribunales.

Ahora Madrid modificó el reglamento de la EMVS y determinó que las 2.500 viviendas públicas restantes solo podrían usarse para el alquiler social y no para la venta. También rebajó los criterios para entrar en la lista de espera de un alquiler público, que hasta el momento exigía unos ingresos mínimos y que desde septiembre de 2016 permitió la inscripción de cualquier con escasos o ningún ingreso.

El Plan Municipal de Vivienda de Ahora Madrid planeó construir alrededor de 4.200 pisos en los cuatro años de Carmena para recuperar las dimensiones del parque público previo a la llegada de Botella, es decir, alrededor de 10.000 unidades.

La realidad es que el objetivo de levantar o adjudicar la construcción de esas más de 4.000 viviendas antes de mayo de 2019 no se va a cumplir. La EMVS prevé que en las próximas municipales estén edificados o en distintas fases de ejecución avanzada unos 2.500 pisos, y que el resto hayan podido iniciar alguna fase previa.

La lista para acceder a una vivienda en alquiler social del Ayuntamiento supera ya las 24.000 personas. En junio de 2016, cuando se requerían ingresos mínimos para inscribirse en una lista que también preveía la venta, existían solo 3.250 solicitudes. Con el nuevo criterio, que permitía «a los que no tienen nada» optar a estas viviendas, el número de solicitantes se disparó en dos meses hasta los 15.331.

Desde la empresa municipal lamentan que toda la demanda, en un contexto de fuerte presión en el mercado del alquiler y subida de precios, está volcándose hacia el Ayuntamiento porque la Comunidad de Madrid, institución competente en materia de vivienda, no está entregando vivienda social.

«Con un parque de casi 30.000 viviendas quizá no podríamos solucionar todos los problemas de acceso, pero sí tendríamos mucha más capacidad para ayudar y para influir en la regulación de precios del resto del mercado del alquiler en la capital», explican desde la EMVS.

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