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El 66% de las solicitudes de Renta Mínima de Inserción se rechazan por culpa de la “burocracia”

La finalidad de la  RMI es atender las necesidades básicas de toda la unidad familiar
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La finalidad de la RMI es atender las necesidades básicas de toda la unidad familiar

CCOO denuncia que el PP ha convertido el último eslabón de protección social en la Comunidad de Madrid en “un instrumento de fiscalización de la pobreza”.

viernes 18 de mayo de 2018, 07:57h

Aumentan las voces de quienes denuncian que la Ley de Renta de Mínima de Inserción (RMI) en Madrid naufraga ahogada por la burocracia, lo que explicaría que sean 35.483 las familias beneficiarias, cuando se estima que más de 80.000 familias madrileñas no cuentan con ningún tipo de protección en la región y necesitarían dicha prestación económica, tal y como denuncia CCOO.

El sindicato se une así a las advertencias lanzadas desde hace más de un año por los veinte colectivos que integran la plataforma ciudadana ‘RMI Tu Derecho’ que vienen denunciando el aumento de las escollos que sufren quienes solicitan o cobran una ayuda que les resulta imprescindible por carecer de recursos económicos suficientes para hacer frente a las necesidades básicas de la vida.

Ahora CCOO manifiesta su profunda preocupación por la situación que atraviesa “este importante derecho en la región, mostrando graves indicios de desgaste y agotamiento”, una preocupación que nace del análisis del Balance de Gestión de esta prestación correspondiente a 2017 que se ha presentado en la Comisión de Seguimiento, integrada por la Administración autonómica, patronal y sindicatos.

La organización sindical recuerda y reconoce que “la Ley de Renta Mínima de Inserción supuso un avance importantísimo en la articulación de mecanismos garantistas de protección social en el ámbito autonómico, reforzando, además, las propias competencias de la Administración regional en materia de lucha contra la pobreza y la exclusión social” pero advierte que en la actualidad se ha convertido en un instrumento de fiscalización de la pobreza.

Y se quejan de que esto ha sucedido debido al “desarrollo de una estrategia de contención por parte de los diferentes gobiernos del PP está llevando la RMI a un escenario de clara asfixia, provocando resultados muy limitados, incapaces de poner freno al crecimiento progresivo de la pobreza en la Región que hoy afecta a uno de cada cinco madrileños y madrileñas”.

La organización sindical explica que según los datos del último Balance de Gestión 2017 “la demanda de esta prestación económica desciende cuando la pobreza aumenta, las extinciones se incrementan un 37%, las suspensiones, la mayoría de carácter cautelar y que principalmente finalizan en extinción, crecen un 32%”.

Sin embargo, para CCOO de Madrid el dato que más evidencia el desgaste al que se está sometiendo a este derecho y que “exige un revisión de carácter estructural que rescate esta prestación regulada por ley, es el hecho de que cada vez es mayor el volumen de solicitudes que no llegan a término, es decir, que tiene como resultado su denegación o archivo, alcanzando en 2017 al 66% de las solicitudes”. En definitiva, solo el 34% de las solicitudes se conceden.

En opinión de la secretaria de Política Social y Diversidad de CCOO de Madrid, Ana González, “la filosofía y el modelo de Renta Mínima de Inserción siguen siendo válidos y avanzados. Sin embargo, necesita de un reajuste a las nuevas necesidades y tiempos sociales y económicos. La RMI se debe liberar de ataduras normativas, como el Reglamento de desarrollo de la Ley aprobado en 2014, que solo ha generado más burocracia, fiscalización y ha puesto en cuestión el propio ejercicio del derecho”. Para la responsable sindical, el inevitable control del destino de los fondos públicos debe ser compatible con una gestión ágil, transparente y que atienda a las necesidades reales de las personas por encima de los intereses políticos.

Por ello, el sindicato exige la apertura de un proceso de análisis y negociación que permita una readaptación del derecho, su ajuste a los actuales escenarios económicos y sociales, tal y como están haciendo otros gobiernos regionales y su reactivación como verdadero eslabón de protección social, desde la experiencia acumulada tras los más de 15 años de desarrollo de este derecho.

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