La Comisión Mixta de las Cortes Generales para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas ha dado el visto bueno al informe de fiscalización de la contratación de las Comunidades Autónomas sin órgano de control externo propio en los ejercicios 2014 y 2015. Un informe que cuestiona la transparencia y el proceso de contratación de varias regiones gobernadas entonces por el Partido Popular.
El Boletín Oficial del Estado de este jueves 17 de mayo de 2018 publica el informe del Tribunal de Cuentas aprobado por la Comisión Mixta y en donde el tribunal asegura haber encontrado deficiencias en la contratación pública “de manera general”.
“Con carácter general, en los contratos celebrados por las Comunidades autónomas y Ciudades autónomas sujetas a fiscalización –Cantabria, Castilla-La Mancha, Ceuta, Extremadura, Melilla, Región de Murcia, y La Rioja– no se ha justificado suficientemente la necesidad de celebración de muchos de los contratos analizados”, asegura el informe.
Muchos de los expedientes aportados presentan deficiencias porque los informes sobre la justificación de la necesidad aportados “o bien se limitan a mencionar la competencia, describir el objeto del contrato o, son sumamente genéricos, sin concretarse las necesidades supuestamente existentes, en ese preciso momento, que dieron lugar a la tramitación de los respectivos expedientes con los consiguientes gastos”.
En diversos expedientes de las Comunidades autónomas y Ciudades autónomas de Cantabria, Ceuta, Melilla, y La Rioja, el Tribunal de Cuentas lamenta la ausencia de los informes o de los estudios económicos necesarios para garantizar que el precio del contrato fuera el adecuado al mercado.
“La falta de concreción en los expedientes de la necesidad de los contratos supone, además, una vulneración de la prohibición de celebrar contratos innecesarios, establecida con carácter general para todos los entes, organismos y entidades del sector público”, resalta el documento.
En las Comunidades Autónomas de Cantabria, Castilla-La Mancha y La Rioja se han observado deficiencias respecto de la determinación de las garantías a prestar en algunos contratos. En Cantabria y Extremadura, además, se han presentado “deficiencias” en los pliegos de varios contratos.
En algunos expedientes examinados de todas las Comunidades y Ciudades Autónomas incluidas dentro del ámbito de la fiscalización, excepto Ceuta, “no se incluían los correspondientes certificados de ofertas presentadas o resultaban erróneos, o incluían la aceptación de ofertas presentadas fuera de plazo”.
El informe del Tribunal de Cuentas cuestiona también algunas mesas de contratación. En relación con su composición y funcionamiento “se han observado deficiencias en varios expedientes de contratación de las Comunidades Autónomas de Cantabria, Región de Murcia, y La Rioja, tales como no constar el nombramiento de sus miembros o ciertos retrasos en su actuación”.
En líneas generales, el documento insiste en que se han observado deficiencias en los criterios de adjudicación e incumplimientos en los plazos (demoras) de ejecución de las prestaciones correspondientes al contratista.
De los 195 contratos de 2014 analizados, el Tribunal de Cuentas ha otorgado certificación negativa a 62. Es decir, a un tercio. De los contratos de 2015, el suspenso se lo llevan 42 contratos.
¿Quiénes gobernaban en esas comunidades en 2014?
Todas las comunidades fiscalizadas en este informe por el Tribunal de Cuentas estaban bajo gobierno del PP hasta verano de 2015, cuando varias de ellas cambiaron. En Cantabria estaba Ignacio Diego, María Dolores de Cospedal presidía La Mancha y José Antonio Monago Extremadura.
Ramón Luis Valcárcel y Alberto Garre presidieron la región de Murcia entre 2014 y 2015, Pedro Sanz Alonso, La Rioja y Juan José Imbroda y Juan Jesús Vivas, Melilla y Ceuta, respectivamente.
