Las ‘agencias verdes’ sacan tajada del ‘boom’ de los bonos sostenibles

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Las ‘agencias verdes’ sacan tajada del ‘boom’ de los bonos sostenibles

La actividades de las entidades que se dedican a verificar que un bono es verde se ha disparado gracias al auge de esta herramienta de financiación para proyectos respetuosos con el medio ambiente.

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Los bonos ‘verdes’ se han consolidado en los últimos años como alternativa de financiación entre las empresas. Según los últimos datos, la emisión global de este tipo de instrumentos alcanzó en el primer trimestre de 2018 un nuevo récord: 29.640 millones de dólares (cerca de 25.000 millones de euros), un 9,4% más que de enero a marzo del ejercicio pasado. Su auge ha disparado la actividad de las entidades encargadas de verificar que realmente los bonos son sostenibles, es decir, que vigilan que el dinero recaudado se destina finalmente a proyectos encaminados a la protección del medio ambiente.

Esta herramienta de emisión de deuda está ligada a la puesta en marcha de instalaciones renovables, acciones para la eficiencia energética, iniciativas de transporte limpio o ideas para la gestión responsable de los residuos; en general, proyectos relacionados con la lucha contra el cambio climático y el respeto al medio ambiente. Para que un bono pueda calificarse como ‘verde’ es condición obligatoria que un auditor externo lo certifique.

Estas entidades verificadoras incluyen agencias de calificación crediticia y empresas de contabilidad, consultorías ambientales independientes o institutos de investigación, como el instituto noruego de investigación climática Cicero. Garantizan que los bonos cumplen con los estándares marcados por asociaciones como la International Capital Market Association (ICMA) o Climate Bonds Initiative (CBI).

Sin embargo, no tienen que cumplir ninguna regla en particular en el mercado de la financiación ambiental, lo que ha empezado a despertar preocupaciones. Varias voces llaman a una mayor regulación sobre cómo se juzgan las credenciales ambientales en estas operaciones de rápida expansión, según apunta Financial Times.

“Tendría sentido que haya cierta regulación sobre quién puede escribir tales opiniones de la misma manera que existe una regulación de las agencias que escriben opiniones crediticias”, señala al respecto al citado medio Suzanne Buchta, directora global de bonos ‘verdes’ de Bank of America Merrill Lynch.

Hasta Sean Kidney, director ejecutivo de la citada ONG Climate Bonds Initiative, se moja sobre el tema: “Debido a que los honorarios (de evaluación) los paga el emisor del bono, usted tiene el mismo posible conflicto de interés (con verificadores de terceros) como lo tuvimos con las agencias de calificación crediticia antes de la crisis financiera”.

A la espera de ver cómo evoluciona la regulación en la financiación verde, parece que los inversores confían en la fórmula actual. El 2017 cerró con una emisión de bonos verdes de entre 110.000 y 120.000 millones dólares (entre unos 92.000 y unos 100.500 millones de euros) , lo que supone su quinto récord consecutivo, una cifra que va camino de superarse este año.

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