Las esperanzas de que la llegada de Emmanuel Macron a la Presidencia de Francia iba a suponer un gran impulso al proceso de construcción europea han recibido un jarro de agua fría durante las últimas semanas al manifestarse que poco o nada ha cambiado en las tradicionales reticencias alemanas a iniciativas como la emisión de eurobonos, la creación de un ministerio de finanzas para el conjunto de la Unión Europea o de un presupuesto comunitario con capacidad de influencia macroeconómica. La canciller alemana Angela Merkel ha señalado que incluso iniciativas sobre las que existe un mayor consenso, como un fondo europeo de garantía de depósitos que asegure los ahorros de los europeos, habrán de esperar hasta “un futuro distante”. También el nuevo ministro de Finanzas alemán, el socialdemócrata Olaf Scholz, da señales de querer superar como halcón fiscal al conservador Wolfgang Schäuble, cuya salida no parece haber supuesto ningún cambio en la política fiscal alemana.
Analistas como Ashoka Mody apuntan que, de fondo, los intereses divergentes entre Francia y Alemania no hacen viable que en un futuro cercano se pueda llegar a un acuerdo sobre estas cuestiones en el seno de la Unión. Así, una población alemana envejecida y obsesionada con el ahorro, provoca que la mayor economía del viejo continente mantenga la necesidad de canalizar sus excedentes en forma de inversión exterior para poder financiar sus jubilaciones con los rendimientos correspondientes.
De ahí, que desde el país germano tampoco se tomen medidas para reducir unos superávit fiscales que superan y violan sistemáticamente los límites establecidos por las normas de gobernanza de la Unión Económica y Monetaria sin impulsar tampoco políticas que aumenten el consumo interno de manera significativa. Sin embargo, un estudio de la fundación Gefira destinado a inversores considera que la principal perjudicada de estas póliticas en el futuro inmediato será precisamente la propia Alemania.
Esta controvertida organización considera inminente una nueva crisis financiera que tendría lugar en torno al 2020 como resultado de la subida del precio del barril de petróleo al umbral de los 100 dólares y que coincidirá con una primera oleada de jubilaciones en Alemania destinada a incrementarse en el tiempo. De esta forma, al igual que ha realizado Japón, el equipo de analistas de Gefira sugiere que, en previsión de dicha situación, Alemania debería haber ido impulsando políticas fiscales y monetarias no convencionales.
Al menos en mayor medida de lo realizado hasta la fecha ya que también se reconoce que esa es la dirección en la que se ha orientado la política monetaria de Mario Draghi; pero ésta es precisamente cuestionada y a la que quieren poner fin los ‘halcones’ alemanes, cuya hegemonía entre las autoridades monetarias europeas todo apunta que se verá reforzada en la inminente renovación del BCE.
Todo ello en un contexto en que la población alemana, y especialmente aquella en edad laboral, declina constantemente sin que ello suponga un cambio en la voluntad de invertir en el propio país pese a que éste comienza a notar la carencia de profesionales en sectores como el sanitario, educativo o el de construcción de infraestructuras. Y en el que además los países que desde el sur, este y centro de Europa destinaban emigración a la locomotora europea también han dejado de hacerlo.
De esta forma, según señala el citado estudio, a partir de 2020, cuando, ante una ausencia de un crecimiento sostenido en la economía, los ahorradores alemanes intenten vender sus inversiones se encontrarán con que habrá cada vez menos gente para comprar sus activos. Una evolución que el informe también considera que se dará entre los principales productos que exporta el país ante las medidas proteccionistas que prevé en algunos de sus principales mercados como el chino.
Un panorama de lenta decadencia que, según esta fundación, se debe esencialmente a la evolución demográfica del viejo continente y que resulta especialmente acentuada en Alemania ya que a partir de ese 2020, verá como su fuerza laboral se reduce en 400.000 personas cada año para posteriormente incluso ir en aumento hasta llegar, en 2028, a las 750.000.
