La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y el presidente en funciones de la Comunidad, Ángel Garrido, han firmado este viernes el realojo del Sector 6, en la zona conocida como ‘tramo sin asfaltar’, en el término municipal de Madrid. Es el primero de los realojos de la Cañada Real y la distribución, para evitar guetos, se realizará en un 60% en la ciudad y el 40% restante en distintos municipios de la Comunidad.
Para ello Ayuntamiento y Comunidad han aportado 9 millones de euros por Administración para esta bolsa de vivienda. La firma del primer realojo llega cuando se cumple prácticamente un año de la firma del Pacto Regional
El ámbito de aplicación del pacto tiene efectos sobre las personas censadas en la Cañada Real Galiana antes del 31 de diciembre de 2011. El pacto da un plazo de dos años para el realojo. El Pacto Regional se firmó como un primer paso en la dirección de regular la situación urbanística con un proyecto de renovación desde la legalidad y del derecho al acceso a la vivienda digna para el pleno reconocimiento de la ciudadanía de los habitantes de la Cañada. El acuerdo para los realojos del Sector 6 se presenta como referencia para el resto de realojos.
En la firma del convenio, que se ha suscrito entre el dirigente y la alcaldesa de Madrid, Garrido ha agradecido la colaboración entre las administraciones y la implicación de los vecinos, que han demostrado «el cambio a mejor» que representa el realojo. «Esto es un cambio colectivo, para todos», ha sostenido.
«No pueden permitirse subciudades y submundos»
La alcaldesa de Madrid ha puesto en el centro de los realojos a los vecinos de la Cañada Real, que han dicho «hasta aquí» porque no puede tolerarse que siga habido «subciudades y submundos».
Carmena se ha pronunciado así después de firmar con el presidente regional en funciones, Ángel Garrido, el realojo de las 150 familias más vulnerables del tramo sin asfaltar del Sector 6, unas 500 personas, de las que la mitad son menores.
«No podemos tolerar que haya subciudades y submundos», ha declarado Carmena, que ha destacado que la obligación de las administraciones es escuchar las demandas vecinales. La regidora ha subrayado la importancia de que no se rompa la línea entre «voluntad política y realidad de ejecución» y de no caer en «la rutina de aceptar que las cosas estén mal».
