En España se construye poca, muy poca vivienda protegida, por lo que la promoción de vivienda social continua bajo mínimos, muy lejos de las cifras que se registraban antes del inicio de la crisis. Los datos del Ministerio de Fomento lo dicen todo y muestran claramente esta tendencia a la baja, ya que mientras que en 1998 se calificaron 74.597 viviendas protegidas, en 2016 el número fue de 7.118 y el año pasado sólo de 5.465.
La cuestión que está en el aire es por qué se edifican tan pocas viviendas sociales destinadas a las rentas más bajas cuando ayudarían a cubrir la necesidad de muchas personas que todavía tienen muy difícil conseguir un hogar a precios asequibles, especialmente tras el alza desorbitada de los alquileres. Una asignatura pendiente, la de la vivienda protegida, que “el Gobierno no aborda en el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021,, que se cierra en falso en lo referente a la vivienda social, de la que prácticamente casi no dice nada”, según hace notar el director de Análisis de Sociedad de Tasación (ST) César Hernández
.Carolina Roca, vicepresidenta de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid, Asprima, y directora general de Grupo Inmobiliario Roca reconoce que la producción de vivienda protegida ha caído mucho y señala que de las 80.000 unidades que se han iniciado en 2017 las protegidas no han llegado ni al 10%. Explicando que la falta de producción de pisos con algún tipo de protección pública se debe a la excesiva burocracia a la que deben hacer frente los promotores para edificar este tipo de productos, un desinterés de los constructores que considera tiene especial relevancia al destacar que “incluso en la época del boom siempre el sector privado ha hecho el 85% de la vivienda protegida que había en el país”.
La representante del Grupo Roca sabe de lo que habla ya que esta inmobiliaria se dedica casi en exclusiva al desarrollo de suelo y a la promoción y construcción de viviendas de protección pública (VPO-VPP) en cuatro comunidades autónomas: Aragón, Madrid, Valencia y Cataluña. Una actividad por la que ahora acaba de entregar 77 viviendas protegidas en Getafe y está construyendo 112 en Villaverde, 104 en Majadahonda, 56 en el Cañaveral, 45 en Zaragoza y 30 en Castellón.
Fruto de esta experiencia señala que no se inician más viviendas protegidas debido a que los planes de vivienda autonómicos que fueron diseñados para cuando se daban subvenciones y financiación a la compra no se han modificado desde 2008 y “son planes de vivienda paridos a la antigua usanza, muy restrictivos y encorsetados”, lo que trae como consecuencia que “la mayoría de los promotores no quieren ni oír ni hablar de la VPO y promueven vivienda libre que es más fácil y más rentable”.
Carolina Roca recalca que la burocracia “anticuada” es la que frena la promoción de este tipo de viviendas, que podrían ser atractivas para los promotores ya que los suelos son más baratos y la demanda es segura, “pero los requisitos de la Administración para que los promotores estudian y registren la documentación de los clientes –pensados para cuando había subvenciones en juego- son largos y farragosos y si no los atiendes te enfrentas a un procedimiento sancionador”.
Vicenç Ramón Tur, presidente de RtV Grupo Inmobiliario, da otra razón para explicar la escuálida promoción de viviendas protegidas: “Los topes tan rígidos que ponen la administración hacen que este tipo de vivienda, salvo en Madrid y Barcelona, sea más cara que la libre”.
Además, el presidente de RtV Grupo Inmobiliario afirma que en Barcelona falta suelo, una circunstancia que el director de Análisis de Sociedad de Tasación (ST) César Hernández, también cita cuando se le pregunta por qué se construye tan poca vivienda social.
“Hay poco suelo en las zonas, especialmente de Madrid y Barcelona, donde la gente quiere vivir. Se ha agotado y en las modificaciones o revisiones de los planes generales se está proyectando una parte muy pequeña de vivienda protegida, menor de la que se ofrece para vivienda libre, que es más cara y se puede vender a mejor precio”, indica el directivo de ST. Y hace notar que, por ejemplo, en los PAUs del sureste, que están paralizados, se contempla la construcción de unas 100 viviendas, de las que aproximadamente un 50% tenía algún grado de protección.
Vicenç Ramón Tur también recuerda que en Barcelona justo antes del inicio de la crisis se empezaron a proyectar PAU enormes con el 50% de vivienda protegida a unos costes que era inviables y nada atractivos para los promotores, que tenían que costear las infraestructuras y hacer unas cesiones importantes “cuando la burbuja estaba a punto de reventar”. Recalca que esos PAUs se crearon para resolver un problema social y quedaron empantanados, por lo que cree que habría que generar suelo por parte de la Administración a medio y largo plazo para que se pueda ir desarrollando de forma paulatina y construir VPO.
El presidente de RtV Grupo Inmobiliario, tiene claro que “el acceso a la vivienda a las personas con ingresos más ajustados, tanto en alquiler como en la compra, a través de las viviendas de protección oficial o mediante el aumento del stock de vivienda pública por parte de las administraciones es una alternativa a los precios desorbitados en el alquiler”. “De este modo, jóvenes y no tan jóvenes tendrán la oportunidad de conformar su unidad familiar sin necesidad de buscar pisos compartidos ni habitaciones alquiladas”, concluye.
