PP, Ciudadanos, PDECAT y PNV han unido sus fuerzas para sacar adelante una proposición de ley que acelera el proceso de desalojo de viviendas ocupadas ilegalmente. La propuesta ha sido aprobada por un solo voto de diferencia, ya que el PSOE finalmente ha votado en contra junto a Podemos y ERC.
La Comisión de Justicia del Congreso ha aprobado remitir al Senado la proposición de ley que acelera los desahucios en varios supuestos.
Las personas físicas propietarias de vivienda, entidades sin ánimo de lucro y entidades titulares o gestoras de un fondo de viviendas destinadas a alquiler social podrán pedir “la inmediata recuperación de la plena posesión de una vivienda o parte de ella siempre que se hayan visto privados de ella sin su consentimiento”, afirma la propuesta, que para algunos colectivos, deja en el aire la situación de las personas que se encuentren en emergencia habitacional.
En definitiva, “bancos y lo que haga falta” podrán beneficiarse de esta medida, según Lucía Martín, portavoz de En Comú.
Por el contrario, la diputada del PDeCAT Lourdes Ciuró asegura que la proposición en relación a la ocupación ilegal de inmuebles deja fuera a las entidades financieras y a los fondos ‘buitre’ propietarios de inmuebles vacíos.
Rafael Mayoral, miembro de Podemos presente en la Comisión, ha tildado de “vergüenza” el acuerdo alcanzado entre PP, Ciudadanos, y nacionalistas vascos y catalanes.
“El problema en este país no es tanto la ocupación como el acaparamiento de vivienda social por parte de los fondos buitre”, asegura Mayoral, que destaca que en España existen “83.000 hogares en emergencia habitacional […] la respuesta de esta cámara es amenazar con la violencia (desalojos forzosos) a los más vulnerables”.
Una de las justificaciones para sacar adelante esta propuesta es la situación que se viven en narcopisos y en distintas ocupaciones. Para el representante de Podemos, “los narcopisos se producen en los pisos abandonados de los fondos buitre, precisamente”.
El PDECAT, como Ciudadanos, PP y PNV aseguran que es una propuesta que vela por el “Derecho a la propiedad privada y el derecho a una vivienda digna”.
