El hangar para aviones que la Universidad Rey Juan Carlos inauguró el año pasado a ‘bombo y platillo’ en su campus de Fuenlabrada sale hoy a la palestra de la mano de elconfidencial.com que afirma que “el rector de la URJC ‘burló’ la ley” para ceder dicha instalación “a dedo 25 años a una empresa” aeronáutica, para lo cual “tuvo que construir y pagar la instalación sin pasar por la Ley de Contratos del Sector Público”.
Asegura el medio online que “la cesión de las instalaciones se fraguó en un convenio firmado en diciembre de 2015 que, según su propio articulado, queda fuera de la Ley de Contratos del Sector Público”, aunque “la normativa es clara cuando señala que este tipo de convenios sí deben ser regulados por la Ley de Contratos cuando la Administración pública cede suelo y realiza inversiones (como la construcción de instalaciones) con un importante coste”.
Afirma elconfidencial.com que “el proyecto fue idea del hoy rector, Javier Ramos, muy señalado por la gestión del caso máster que ha salpicado de lleno a la presidenta regional, Cristina Cifuentes”.
Explica que “el convenio se firmó el 16 de diciembre de 2015 entre el entonces rector, Fernando Suárez (que tuvo que dejar el cargo tras las acusaciones de plagio), y la empresa European Airlines Training Centre 2005 SL (EATC) para ‘desarrollar los objetivos’ del Instituto Europeo de Formación y Acreditación (Eiata), que en 2015 dirigía el propio Javier Ramos. Entre esos objetivos, ‘potenciar la formación, la investigación y la cooperación industrial en el sector aeronáutico’”. Haciendo notar que el Eiata es uno de los institutos dependientes de la universidad, como el de Derecho Público dirigido por el catedrático Enrique Álvarez Conde, donde Cifuentes cursó supuestamente el máster.
Publica el citado digital que el coste de este hangar ha corrido a cargo de la universidad y que según fuentes universitarias, la obra se ‘tragó’ alrededor de 700.000 euros, aunque elconfidencial.com dice no haber encontrado el perfil del contratante, ni en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) la adjudicación de esta obra. Y apuntando que en una nota de prensa, la universidad cifró en tres millones de euros el equipamiento técnico de esta instalación.
A continuación el digital aclara cómo cree que se ha burlado la ley de Contratos Públicos con este convenio. Señala que el propio convenio, que tiene una vigencia de 25 años, estipula que es “de naturaleza administrativa” y que “se le aplica» por tanto el artículo 4.1.d) del Real Decreto 3/2011 para que se le excluya del ámbito de la Ley de Contratos del Sector Público. Este artículo señala que los convenios formativos entre la Administración pública y las empresas privadas no están regulados por la normativa de contratos. Pero, dice que según las fuentes jurídicas que ha consultado, este convenio incluye contratos de obras (el hangar) financiados por la propia Administración que sí deben ser fiscalizados por la Ley de Contratos del Sector Público, ya que este convenio puede ser interpretado como un “contrato oneroso, cualquiera que sea su naturaleza jurídica”.
