La fundación FAES ha pedido al Gobierno de Mariano Rajoy, el PSOE y Ciudadanos que piensen en la «estrategia» a seguir en Cataluña tras la decisión del tribunal alemán sobre el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont que, a su juicio, ha puesto de manifiesto la «desnaturalización» de la euroorden.
Tras considerar de «mínimos, tardío y políticamente insuficiente» el artículo 155 de la Constitución, la fundación que preside José María Aznar insiste en que estas tres partes –PP, PSOE y Cs– deben «reflexionar» sobre los pasos a seguir a partir de ahora.
UN «EXCESO» DE LA JUSTICIA ALEMANA
En la nota editorial del nuevo número de cuadernos FAES de pensamiento político, la fundación entiende que la decisión del tribunal «va más allá de una controversia jurídica» sobre la calificación de penal porque «significa un lamentable retroceso en la construcción y la consolidación de un espacio judicial común en el seno de la Unión Europea».
Según FAES, al entrar en la calificación del tipo penal de rebelión, la jurisdicción alemana «no sólo incurre en un exceso sino que desnaturaliza la propia orden europea de detención y entrega» convirtiéndola en un procedimiento de extradición convencional.
A su entender, en vez de afirmar el principio de confianza entre sistemas jurídicos y judiciales, como corresponde en una unión de Estados democráticos, «se vuelve a una relación presidida por la desconfianza y con ella a la imposibilidad de desarrollar la cooperación que requiere la UE como espacio común».
NO DEBE ENTRAR EN EL TIPO PENAL, SOLO EN SI ES DELITO
De hecho, recuerda que la decisión-marco que regula la orden de entrega prevé expresamente que los órganos jurisdiccionales del Estado de ejecución «no deben entrar en la valoración» de los elementos constitutivos del tipo penal por el que se pide la entrega ni en la calificación de estos sino en «si los hechos por los que se pide la entrega constituyen materia delictiva».
Tras asegurar que este episodio reclama que «se agoten las posibilidades de remedio jurídico» tras la decisión de los jueces alemanes, FAES considera que también debe provocar «una reflexión política» en el seno de la UE. A su entender, España tiene «legitimidad política y moral» para hacerlo, máxime cuando España, con el gobierno de Aznar impulsó la orden europea de entrega desde 1999 hasta su adopción en junio de 2002.
Asimismo, la fundación estima que el desarrollo de los procedimientos judiciales contra los dirigentes independentistas hace más evidente «la brecha entre el tratamiento penal de sus actos y la posibilidad que se les ha dado de recuperar sus mandatos parlamentarios al convocarse elecciones para el pasado 21 de diciembre».
Según añade, el hecho de que para afrontar una rebelión se decidiera convocar elecciones «a las que se presentan los rebeldes» y que consiguieran la mayoría parlamentaria «es un resultado que contiene elementos contradictorios» y «difíciles de explicar».
«Esta circunstancia facilita la estrategia de los independentistas para presentar a España como un país sospechoso o directamente carente de garantías legales y de libertades democráticas, que es precisamente el efecto contrario al que se podía pretender con la convocatoria inmediata de elecciones en Cataluña al amparo del artículo 155 de la Constitución», argumenta.
SE PERDIÓ EN LA NEGOCIACIÓN UN 155 MÁS LARGO
Aunque el consenso entre el Gobierno, el PSOE y Ciudadanos tiene «un valor por sí mismo incuestionable al hacer visible el reagrupamiento del constitucionalismo» ante la crisis en Cataluña, la FAES de Aznar cree que se trata de un acuerdo que, con la perspectiva del tiempo transcurrido, «se puede considerar de mínimos, tardío y políticamente insuficiente para su objetivo de recuperar la normalidad en Cataluña».
La fundación señala que la idea de un periodo de aplicación del artículo 155 antes de pensar en unas nuevas elecciones fue evocada por el propio Gobierno antes de su decisión. Y lamenta que esa idea se perdiera en la negociación con Pedro Sánchez y Albert Rivera, lo que, a su juicio, «resulta un precio muy alto tanto para exigirlo como para concederlo en aras del consenso». «No debería ser imposible que esas tres partes reflexionen también sobre la estrategia a seguir cuando sabemos que el mejor escenario no siempre se da», concluye.
