Jóvenes y falsos autónomos, la precariedad elevada al cuadrado

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Jóvenes y falsos autónomos, la precariedad elevada al cuadrado

La Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores hará una campaña para que los jóvenes, los más afectados por esta práctica fraudulenta, sepan defenderse.

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Las organizaciones que agrupan a los trabajadores por cuenta propia quieren acabar con la lacra de los falsos autónomos, que han proliferado como hongos al calor de la crisis, una fórmula fraudulenta que sirve a las empresas para reducir sus costes a cuenta de los derechos laborales de estos empleados y que tiene entre sus principales ‘víctimas’ a los jóvenes, uno de los colectivos más castigados por el paro.

Según los datos de la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (UATAE) en España existen ya más de 200.000 falsos autónomos, un fraude que no sólo supone que la Seguridad Social deje de ingresar en torno a 300 millones de euros al año sino que esta organización califica esta fórmula como la “precariedad llevada al extremo”, con el agravante de que son los jóvenes los que padecen esta práctica fraudulenta “porque es un recurso muy presente en los primeros contratos y porque tienen disponible la medida de la tarifa plana”.

La unión de asociaciones de autónomos recuerda que los falsos autónomos son trabajadores que tendrían que tener un contrato laboral como empleado por cuenta ajena por tener una relación de dependencia con la empresa en la que presta sus servicios, pero a los que la compañía obliga a darse de alta en el régimen de autónomos para poder trabajar, con lo que el empresario se evita pagar la Seguridad Social.

María José Landaburu, secretaria general de UATAE, reconoce que aunque la figura del falso autónomo no es nueva, la falta de políticas activas que favorezcan y blinden los derechos de los trabajadores autónomos (como la tarifa plana para emprendedores sin una reforma integral del RETA) y la crisis económica han hecho que prolifere esta figura y sea utilizada por las empresas de forma fraudulenta”.

La responsable de UATAE destaca que “lamentablemente es cada vez más frecuente que las empresas utilicen la figura del autónomo, especialmente los jóvenes que no han estado nunca antes de alta en el RETA, de forma fraudulenta para suplir trabajadores asalariados, aprovechándose de que los autónomos tenemos un marco legislativo de mínimos y mayor desprotección social que los trabajadores asalariados”.

Y admite que el hecho de que sean los más jóvenes los más afectados les preocupa enormemente, tanto que desde UATAE están estudiando la problemática de los falsos autónomos en la población más joven y “estamos organizando también algún espacio donde desarrollar esta problemática y trasladarla a la sociedad”.

«La problemática de los falsos autónomos es diferente de la de los autónomos. Conocemos bien esta diferencia y queremos dar instrumentos a los falsos autónomos para asesorarse, estar informados y que puedan defenderse”, recalca Landaburu.

Y es que la precariedad que sufren los falsos autónomos parece pasar un poco inadvertida para la opinión pública, a pesar de que el pasado 21 de febrero, durante su comparecencia a puerta cerrada en la subcomisión para el estudio de la reforma del Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos RETA) en el Congreso, Fermín Yébenes, portavoz de la Unión Progresista de Inspectores de Trabajo (UPIT), dio la voz de alarma sobre el aumento del “fraude” que están cometiendo muchas empresas al obligar a los trabajadores a hacerse autónomos para ahorrarse los costes de la Seguridad Social y para poder prescindir de ellos más fácilmente y sin tener que indemnizarles.

En esta comparecencia, Yébenes subrayó la alarmante huida del Derecho del Trabajo hacia un pseudo Derecho del Empleo caracterizado por falsos autónomos y falsas cooperativas. Trabajadores que deberían ser contratados por los empresarios se han visto obligados a constituirse como trabajadores autónomos, con la consecuente merma de sus derechos y condiciones laborales y el incremento de cargas fiscales y de Seguridad Social.

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