Jarro de agua fría para el Gobierno de Mariano Rajoy. El Pleno del Tribunal Constitucional ha desestimado, por unanimidad, el conflicto de atribuciones entre órganos constitucionales del Estado presentado por el Ejecutivo contra la decisión de la Mesa del Congreso de tramitar una proposición de ley del PSOE para suspender el calendario de implantación de la LOMCE.
El Tribunal avala los acuerdos de la Mesa y rechaza que supusieran una injerencia en las atribuciones del Gobierno. En concreto, en la potestad que le atribuye la Constitución para paralizar iniciativas legislativas que incidan los Presupuestos Generales del Estado.
El Constitucional, según señala en un comunicado, considera que “el Gobierno no constató de qué manera habrían resultado afectados los Presupuestos en vigor, pues no realizó un desglose anual de las cuantías destinadas por la Comisión Europea a la LOMCE, sino que aportó cantidades globales referidas a un periodo de seis años”. Asimismo, “advierte que el Gobierno se refirió ‘a una pérdida eventual de ingresos procedentes del Fondo Social Europeo’; es decir, planteó un escenario hipotético que dependía de las decisiones que las instituciones europeas pudieran adoptar en el futuro”.
A esto hay que sumar que “los argumentos” del Ejecutivo de Mariano Rajoy “resultaron insuficientes para demostrar la ‘efectiva conexión’ de la iniciativa legislativa con los ingresos y gastos públicos”, sostiene este tribunal en su sentencia.
