Los socialistas presentamos en diciembre en el Congreso una Proposición de Ley para ampliar y perfeccionar la Ley de Memoria de 2007. Lo hicimos con el objetivo de que se reconozca la condición de víctimas a las miles de personas republicanas cuyos restos permanecen aún sepultados en las fosas y las cunetas de media España, también para defender la Memoria Democrática y reforzar la Cultura de la Reconciliación.
Queremos cerrar las heridas de la guerra civil y la dictadura franquista y responder a los comportamientos del Gobierno con su no aplicación de la ley de Memoria. Sin embargo, PP y Ciudadanos han vetado la Proposición del PSOE haciendo un uso abusivo del art.134 de la Constitución. Después, Rajoy y Rivera, desde la Mesa del Congreso y sin representar a la mayoría de la Cámara, impiden su tratamiento en el Parlamento. Porque lo tienen secuestrado.
Qué desvergüenza y qué manera tan miserable de secuestrar, de impedir la función legislativa del Parlamento. La situación, que se prolonga ya durante seis años, nos lleva a hacernos varias preguntas:
¿Por qué veta el Gobierno nuestra iniciativa? ¿Cuánto dinero cuesta recuperar la dignidad de miles de hombres y mujeres republicanos que siguen desaparecidos en fosas? ¿Qué alternativa ofrece, entonces, el PP para recuperar a los “desaparecidos forzosos” y darles un digno entierro por sus familias? ¿Para cuando se acabará de democratizar los nombres de calles, resignificar El Valle de los Caídos y cumplir con las sentencias judiciales firmes?
Nuestra reforma de la ley pretende que el Estado asuma la tarea de liderar con celeridad su obligación de exhumar miles de cadáveres. Es una cuestión de dignidad democrática nacional. Son heridas de la guerra civil que aún están abiertas. Lo incoherente es que este Gobierno no colabore con las exhumaciones en su territorio pero, en cambio, sí ayuda a la exhumación y repatriación de los restos de soldados de la División Azul desde Rusia. Lo cual no nos parece mal.
El Gobierno defiende la Memoria del Franquismo, eso es lo grave, manteniendo la situación del Valle de los Caídos como un espacio de memoria franquista y con un dictador enterrado junto al altar mayor. Mientras, miles de restos de cadáveres, que fueron llevados allí contra la voluntad de sus familias, permanecen secuestrados por el prior de los benedictinos que gestionan el mausoleo con la complicidad de un Gobierno que no hace nada por cumplir las sentencias judiciales.
La última provocación consiste en que el Gobierno permita que un General en la reserva, Chicharro Ortega, tome posesión de la Presidencia de la Fundación Franco y realice discursos de enaltecimiento del régimen de la dictadura, algo que nuestra Proposición pretende evitar ilegalizando la apología del franquismo y las asociaciones franquistas.
El Presidente Rajoy es quien se molestó, el 30 de noviembre en un acto oficial, por el cambio democrático del nombre de una calle en Marin (Pontevedra), dedicada antes a un Ministro con Franco, Almirante Salvador Moreno, para pasar a denominarse Rosalía De Castro.
En definitiva, este Gobierno del PP deja patente la presencia del franquismo en su ADN y se empeña en defender la Memoria del Franquismo, no una Memoria democrática. Además, desprecia las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y del relator de la ONU sobre desapariciones forzosas.
No vamos a parar hasta que los restos del último Republicano sean sacados de las cunetas. No olviden, ni el PP ni Ciudadanos, que el PSOE seguirá defendiendo la cultura democrática de la Reconciliación frente a los desprecios del Gobierno a la Ley de Memoria de 2007 promovida por un Gobierno Socialista con el Presidente Rodríguez Zapatero.
Por eso hemos incluido, en nuestro presupuesto alternativo al de Rajoy y Rivera, una partida de 21 millones de euros para abordar prioridades como las exhumaciones, creación de un banco de datos de ADN, creación de una Comisión de la Verdad, reorientación del Valle de los Caídos y retirada de la simbología franquista. Y si avanzaran las cuentas de Montoro presentaremos enmiendas parciales. No pensamos renunciar después de tantos años de espera.
Odón Elorza, diputado Socialista por Gipuzkoa
