En coincidencia con el segundo aniversario de la publicación de los conocidos como ‘Papeles de Panamá’, la coalición de ONGs Counter Balance acaba de publicar esta semana un nuevo informe en el que apunta específicamente a la responsabilidad del Banco Europeo de Inversiones (BEI) a la hora de liderar la lucha contra la evasión y la elusión fiscal en la Unión Europea (UE).
Por ello, esta plataforma insta a la entidad financiera a ir más allá en los cambios realizados durante los últimos años, lo que, a su vez, está en plena sintonía con el trabajo que ha venido realizando esta plataforma de ONGs en este tiempo. Y es que ya en 2016, publicó un informe en el que denunciaba el uso que precisamente el BEI realizaba de los fondos de capital privado como parte de sus operaciones.
Entonces, tras analizar y presentar los hechos y estadísticas correspondientes a la actividad del BEI durante el periodo 2011-2015, la citada plataforma, en la que se incluyen organizaciones de la sociedad civil como las británicas Bretton Woods Project, Corner House o Platform, la española ODG, o la francesa Les Amis de la Terre; denunciaba, en primer lugar, que el BEI había estado trabajando en esos años junto a fondos de capital privado establecidos «en paraísos fiscales y en jurisdicciones problemáticas«.
Por otra parte, Counter Balance criticaba también lo que definía como «una sistemática falta de transparencia» en ese tipo de operaciones, tanto por lo que correspondía al BEI como por parte de los propios fondos de inversión.
Por último, la plataforma apuntó en su informe de aquel entonces que existía una multiplicidad de casos de conflictos de interés debido a los “frecuentes” ejemplos de ‘puertas giratorias‘ en los que gestores de los fondos que participaban en las operaciones analizadas previamente habían pasado por el BEI y por otras instituciones financieras internacionales.
Un análisis que resultaba especialmente sangrante en unos momentos en que la opinión pública europea estaba reclamando cada vez con mayor fuerza actuar contra los paraísos fiscales; aspecto éste que no ha perdido relevancia si se tiene en cuenta que desde entonces han salido a la luz pública nuevos escándalos relacionados con la evasión como las denominadas ‘Filtraciones de Bahamas’ en septiembre de 2016 o ‘los papeles del Paraíso’ en noviembre del último año.
Pero también es cierto que la Comisión Europea ha tomado medidas en este periodo y aún este 21 de marzo publicó sus “nuevas recomendaciones contra la evasión fiscal en la legislación de la UE sobre operaciones financieras y de inversión” y, no por casualidad, también destaca el rol que ha de jugar el BEI.
De este modo, el Ejecutivo comunitario detalla las sanciones vinculadas a la lista de paraísos fiscales y pide al BEI que revise sus políticas para garantizar que sus fondos de inversión y desarrollo no se puedan canalizar o circulen a través de entidades situadas en los países de la ‘lista negra’.
Asimismo, la Comisión reconoce que “ciertas empresas” se aprovechan de los agujeros en la legislación de los países miembros, así como de que no exista una plena armonización entre las mismas, para evitar pagar impuestos en el mercado único, por lo que define como “esencial” una estrategia coordinada de gobernanza fiscal que permita el “éxito colectivo al abordar la elusión fiscal, asegurar una fiscalidad efectiva y crear un entorno claro y estable para los negocios en el mercado común”.
Probablemente, estos pasos concretos permiten definir a éste como el momento político más álgido a escala comunitaria en lo relativo a la búsqueda de lo que Counter Balance señala como “justicia fiscal”; pero, una vez más, la plataforma de ONGs considera que la UE podría hacer aún mucho más y que, específicamente, lo podría y debería hacer a través de su “brazo financiero”, como define al BEI. De ahí, la relevancia de esta nueva publicación.
Así, el nuevo informe solicita que la propia Comisión y el Parlamento Europeo incrementen su presión sobre el BEI para que las medidas que, como consecuencia de la presión pública, ya tomó en 2017 en relación a las “jurisdicciones no transparentes, no cooperativas o con una regulación débil” sean tan sólo un primer paso.
Y fija como nuevo hito clave la revisión de su política hacia las jurisdicciones no cooperativas que tendrá lugar este año y que, a su vez, define como “una oportunidad esencial de que el BEI limpie su balance”.
En concreto, Xavier Sol, director de Counter Balance, ha declarado que “dado el papel macroeconómico central del BEI y su naturaleza de órgano e institución pública de la UE, es esencial que sus inversiones respondan a un nuevo estándar de transparencia y prácticas fiscales responsables. Un paso esencial en esta dirección sería requerir informes país por país de su cartera de clientes”.
Pero además el citado informe incluye una gama de medidas que considera que debería de impulsar el BEI como la realización de una consulta pública con todos sus grupos de interés para resolver así las rendijas que aún existen en sus políticas, ir más allá de la lista negra de jurisdicciones no cooperativas establecidas por la UE, mejorar los mecanismos de evaluación de los riesgos de elusión fiscal asociados a sus operaciones, así como los destinados a determinar quiénes son los propietarios y beneficiarios de las compañías y fondos involucrados, que las operaciones persigan una mayor movilización de recursos locales, fijar requisitos de transparencia en los contratos o mejorar los mecanismos de sanción, evaluación y gobernanza.
A juicio de Xavier Sol, el ejemplo que marcaría el BEI con esos cambios puntuales serviría para fijar un nuevo estándar e impulsar una serie de cambios en la misma dirección en otras instituciones financieras internacionales.
