El traslado de la sede social y fiscal a Valencia fue “la mejor decisión posible”, según ha defendido hoy el presidente de CaixaBank, Jordi Gual, durante la primera junta de accionistas de la entidad celebrada en la ciudad del Turia. Según ha explicado se tomó en defensa de los intereses de la plantilla, los accionistas y los clientes ante la crisis política en Cataluña.
En un discurso en el que ha alternado el castellano y el valenciano, en “deferencia” a la comunidad que acoge ahora el domicilio social de CaixaBank, Gual ha destacado que la entidad ha demostrado en 2017 ser capaz de superar “con muy buena nota” las dificultades del entorno, logrando un beneficio récord de 1.684 millones de euros, casi un 61% más que en 2016.
“En un año particularmente difícil por las tensiones políticas vividas en Cataluña, CaixaBank demostró su resiliencia como institución”, ha remarcado en declaraciones recogidas por Efe Gual, que ha recordado que el grupo ha ampliado en el último año su liderazgo en banca minorista y ha mejorado su fortaleza comercial y solidez financiera.
Tras el referéndum soberanista del 1-O y ante la posibilidad de que el Parlament de Cataluña aprobara una declaración unilateral de independencia, el presidente de CaixaBank ha explicado que el consejo de administración del banco reaccionó con rapidez y decidió trasladar el domicilio social a Valencia para proteger la seguridad jurídica y “eliminar cualquier tipo de duda sobre la permanencia de la entidad” en el marco europeo.
“El cambio de sede fue una decisión técnica que acordó el consejo por unanimidad” con un criterio “muy sencillo”: preservar en todo momento la seguridad jurídica, la continuidad del negocio y el acceso a la liquidez del Banco Central Europeo (BCE), ha indicado Gual.
“Si esto se pone en cuestión se tienen que hacer los cambios necesarios para que no ocurra”, ha detallado el presidente de CaixaBank, que ha apuntado que esta decisión se tomó “sin condiciones” y que la sedes sociales “no tienen plazo de vigencia”, por lo que “no tiene sentido entrar a especula” sobre un posible retorno del domicilio a Cataluña.
En su intervención en la junta, a la que han asistido unos 150 accionistas, un número notablemente menor al que registraban habitualmente las convocatorias en Barcelona, Gual también ha dicho que el cumplimiento del plan estratégico 2015-2018 avanza a buen ritmo, aunque es necesario que el banco siga esforzándose para alcanzar tres objetivos clave, como son adaptarse a las nuevas tendencias de digitalización, situar la rentabilidad entre el 9% y el 11% y diversificar el balance hacia los segmentos más rentables, como el crédito al consumo y a las empresas.
Ha avanzado, en este sentido, que la entidad presentará su nuevo plan estratégico para el período 2019-2021 a finales del próximo mes de noviembre, y ha remarcado que “lo que no cambiará” en este nuevo plan es el compromiso de CaixaBank con un modelo de banca socialmente responsable.
La junta ha durado unas tres horas y ha aprobado por mayoría todos los puntos del orden del día, como las cuentas de 2017 o el reparto de un dividendo complementario en efectivo de 0,08 euros brutos por acción, que se abonará el 13 de abril.
También se ha dado luz verde al nombramiento de Eduardo Sanchiz y Tomás Muniesa como consejeros del banco y a la adaptación de los estatutos a lo previsto en el decreto ley aprobado por el Gobierno el pasado 6 de octubre, en plena crisis política en Cataluña, que permite trasladar el domicilio social de una empresa a otra comunidad sin necesidad de pasar por junta.
