“Una guerra de tesorerías”. De esta manera, Luis Vicente Moro, exdelegado del Gobierno de José María Aznar en Ceuta y antiguo empleado de Constructora Hispánica, empresa señalada por financiar ilegalmente al PP, ha definido cómo era el día a día entre la formación política a nivel nacional y la Comunidad de Madrid para controlar las adjudicaciones públicas.
En declaraciones como testigo ante el juez que instruye los ‘Papeles de Bárcenas’, el expolítico ha relatado que el extesorero popular Álvaro Lapuerta perseguía controlar todas las contrataciones que se realizaban. De hecho, Moro ha explicado que fue el propio Ignacio González –con quien mantenía una estrecha relación que le ha granjeado la imputación en el ‘caso Lezo’ por el cobro de presuntas comisiones ilegales- el que le contó que las adjudicaciones de obras públicas “las centraliza el PP”, tal y como le desveló Lapuerta.
En este sentido, según han indicado fuentes presentes en la declaración a Europa Press, el que fuera delegado del Gobierno en Ceuta ha llegado a afirmar que era tal el choque entre tesorerías y consejerías que Lapuerta llegó a amenazar a Ignacio González enseñándole la placa de comisario honorario que posee y diciéndole que iba a ser detenido.
Ante esta “guerra” el expresidente de la Comunidad de Madrid, según le contó a Moro, informó de esta situación a Esperanza Aguirre. Fue en ese momento cuando la antigua líder del PP de Madrid tuvo que mediar al respecto. Mientras tanto, Constructora Hispánica, empresa para la que trabajó entre 2006 y 2008, se encargaba, como ha confesado, de generar dinero negro para financiar más tarde a los populares.
Moro ha aseverado que su jefe, el expresidente de la empresa Alfonso García Pozulo, mantenía una intensa relación con Lapuerta, Bárcenas y Francisco Álvarez Casco. Una amistad que llevaba incluso a convertirse en laboral: la constructora llegó a contratar a gente “joven” del PP como “favor” y “contraprestación” a la formación política.
