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El Gobierno prevé recortar un 36% las deducciones por invertir en I+D+i

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El Ejecutivo culpa al sector privado de la baja inversión en investigación y desarrollo pero ejecutó menos de un tercio del presupuesto del sector en 2017.

martes 03 de abril de 2018, 12:41h

El proyecto de Presupuestos Generales que hoy detalla el Ministerio de Hacienda trae (más) malas noticias para la investigación, el desarrollo y la innovación marca España. Las deducciones por invertir en este sector caen un 36% respecto a 2017. Es un recorte anual de 124 millones, que el Ejecutivo de Mariano Rajoy quiere sacar de los incentivos fiscales otorgados al I+D+i.

Sin embargo, el tijeretazo llega en unos presupuestos que inflan el total de beneficios fiscales un 9,3%. Cristóbal Montoro prevé gastar 34.825 millones de euros en estas ‘condonaciones’ de impuestos, casi 3.000 millones más que hace un año.

Aunque Hacienda avisa de que 2018 estrena nuevos conceptos en el Plan de Beneficios Fiscales que cada año elabora el ministerio, el crecimiento interanual sigue siendo alto, del 6,3%. Entre los impuestos que más se bonifican respecto a 2017 destaca el gravamen reducido del impuesto de sociedades, que aumenta un 60%, 234 millones más que hace un año.

Hacienda defiende que este aumento “se explica fundamentalmente por los tipos reducidos de gravamen que aplican las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (SOCIMI)”.

De hecho, hay más impuestos asociados a la vivienda que ganan en bonificaciones: los de arrendamiento de inmuebles o la exención de las ganancias patrimoniales por reinversión en vivienda habitual.

Pero volviendo a la ciencia, Hacienda defiende que el recorte viene de un error de previsión que aún se arrastra desde 2015. Explica que ese año se experimentó "una caída muy intensa e inesperada en las declaraciones anuales en comparación al ejercicio anterior, produciéndose una tasa de variación del -41,8%, lo que dista mucho de la hipótesis que se formuló en el momento de elaborar el Plan de Beneficios Fiscales de 2017, para el que se supuso que en 2015 se incrementaría en el 4,1%". En cualquier caso, este sector se queda con el 0,9% del total de beneficios fiscales, 316 millones de 34.825 millones de euros.

Montoro prevé que el gasto en Investigación, Desarrollo e Innovación crezca en 2018 una décima del total presupuesto: propone aumentarlo un 8% hasta los 7.044 millones de euros, el 2% del gasto público global.

Pero de la previsión al gasto real hay un trecho: el Gobierno solo ejecutó uno de cada tres euros del presupuesto del sector en 2017.

Según un informe de la Fundación Cotec, apenas se invirtieron 1.376 millones de euros de los 4.635 millones presupuestados para los ministerios competentes en I+D+i. Un triste récord a la baja de ejecución, con el 29,7% del presupuesto realmente invertido en 2017, la cifra más baja desde que comenzó a medirse en el 2000.

Culpas al sector privado

No obstante, el Gobierno obvia los problemas de ejecución y echa balones fuera: en los PGE que hoy presenta Montoro asume que “en comparación con nuestros socios europeos, España presenta un bajo nivel de inversión en I+D+i”.

Reconoce que el gasto real medido como porcentaje del PIB de en torno al 1,19% está demasiado lejos de la media de la UE, que supera en unas décimas al 2% de la riqueza nacional. En países como Suecia se invierte en este sector el 3,25% y en Alemania el 2,94%, más del doble que en España.

Pero el Ejecutivo lo tiene claro: “Un análisis detallado de los datos muestra que el menor gasto en I+D registrado en España se debe fundamentalmente a la menor inversión del sector privado, mientras que el gasto de las Administraciones Públicas está prácticamente al mismo nivel que la media de la UE”.

Es la explicación del Gobierno en el mismo documento que recorta más de un tercio las deducciones fiscales para invertir en Investigación, Desarrollo e Innovación, que podrían redundar en esa menor inversión privada de la que se queja el Ejecutivo del PP.

Violeta Muñoz

Hago la información de Madrid y a veces escribo sobre Derechos Humanos y Europa. Pro transparencia pública y rendición de cuentas.

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